Ahí estaba, pero nadie le había dado el enorme
valor que tiene. Desde hace ocho años, el Congreso de la Unión otorgó, sin
beneficiario identificado, los elementos para el cobro de facturas políticas
mediante el uso de la figura de Testigo Colaborador.
A esta figura que la vox populi llama chivato,
delator, traidor, infidente, desleal y, bueno, eufemismos varios para no aludir
a ese feo calificativo que todos conocemos, se acogió el preclaro ex director
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuando le echaron el guante en una exclusiva
zona residencial en la Península Ibérica, y comenzó a cantar su ópera prima
para contribuir al espíritu justiciero del inquilino de Palacio, en apego a una
singular y pueril partitura sin pruebas documentales, sólo de saliva.
Bueno. Resulta que, desde hace unos días, el
economista itamita Emilio Zebadúa González --un chiapaneco ex alto funcionario
público que transitó por el PRI, el PRD y Nueva Alianza, ex Oficial Mayor de la
Sedesol-- aspira al manto protector de Testigo Protegido, porque no soportó el
tormento de la conciencia por delitos a los que, sin duda, fue presionado a
cometer por los perversos neoliberales del equipo de Peña Nieto.
¡Caray! Con ese acto de contrición, Zebadúa
determinó echar la mano a la administración justiciera de la 4T, ésta cuyo
adalid Santiago Nieto finalmente encontró causales para investigar al
licenciado Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores
en la administración del terrible neoliberal conocido como Enrique de apellidos
Peña Nieto, quien, no me lo va a creer, se dijo dispuesto a comparecer cuando
se le requiera, siempre y cuando, por supuesto, se lo hagan saber en su
favorito lugar de descanso en España. ¡Joder!
Pero, vaya, estábamos en esto del Testigo
Protegido, figura que andaba en el archivo porque no se le requirió hasta que,
mire usted lo que es la vida, cuando la popularidad del licenciado presidente
comenzó a menguar y luego de la derrota morenista en el campo de batalla de
Coahuila e Hidalgo, se le dio especial impulso con el caso del joven ex
director de Petróleos Mexicanos, en una revolcada de los expedientes en los que
se acusa a la administración de Peña Nieto de haber usado fondos obtenidos por
sobornos de Obedrecht.
Aunque el licenciado López Obrador ha dicho
que no lo mueve la venganza y sólo si el pueblo bueno lo pide se enjuiciará a
sus antecesores, por los rumbos de la que, no se cansa de calificar, autónoma Fiscalía
General de la República se ha preparado el expediente para llevar a picota no
sólo a Enrique.
Y es que, es inocultable que a Andrés Manuel
se le queman las habas por procesar Felipe Calderón, a Vicente Fox y hasta al
jefe de la que ha llamado mafia del poder, el licenciado Carlos Salinas de
Gortari, a quien seguramente se le ha ido el apetito por el temor de verse en
locutorios como Raúl en esos días de la venganza del doctor Zedillo mediante
sus operadores Fernando Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, quien
cuando huyó y lo pescaron en mayo de 1997, conoció la prisión de Carabanchel,
en el barrio de Majada Honda, en Madrid, por cierto derrumbada en 2008.
Pero, bueno, estábamos con el tema del manto
sagrado, el de la figura de Testigo Colaborador al que, vaya usted a saber cómo
y a qué hora, intempestivamente decidió acogerse la maestra Rosario Robles
Berlanga, secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, en esos días de la dolce vita del sexenio reciente, después de expiar
culpas en la prisión de Santa Martha Acatitla, seguramente, igual que el
economista Zebadúa González, los cargos de conciencia no la dejaban dormir en
su cómoda recámara de ese penal sito al oriente de la otrora Ciudad de los
Palacios.
Quién se iba a imaginar que la maestra Robles,
la misma que acercó recursos a la causa de Andrés Manuel para llegar a la
jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, sufriría las consecuencias
de un desencuentro que llevó al hoy inquilino de Palacio a hacerse de sus
trastos e irse a fundar al Corporativo Morena, cuyo gerente en funciones, es el
itamita Mario Delgado Carrillo, de gustos neoliberales reprimidos para no
desentonar con el credo del prócer.
¿Será que los cargos de conciencia llevaron a
Rosario a alzar la mano y pedir tregua y acogerse a los beneficios de la figura
de Testigo Colaborador? ¿Será que se cansó de ser el chivo expiatorio del
equipo del licenciado Peña Nieto acusado de todos los males recientes de
México? ¿Será que quiere pasar las fiestas de fin de año en familia? ¿Será que
los romeritos no saben igual tras las rejas que en el comedor fifí de su
residencia en la Ciudad de México?
Como sea, pero de que la convencieron de que
se dejara de tonterías y de hacerle a la Juana de Arco o émula de Juana Gallo y
cantara en la misma pauta que el licenciado Emilio Lozoya Austin, quien
disfruta de una singular prisión que le permite descansar en un velero en
costas de Baja California o tomar el fresco en su residencia de Valle de Bravo,
en el Estado de México, mientras dizque le siguen proceso penal.
Y, mire usted, de qué manera llegó Rosario a
esa decisión que hasta su abogado se dio el lujo de salir a declarar que su
defendida se iría a la yugular de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso,
responsabilizándolos de haber ordenado la triangulación de millonarios recursos
de la “estafa maestra” para fondearlos al PRI, instituto político que los usó en
campañas electorales.
Bueno, bueno, se ha tejido todo tipo de
historias con estos sobornos de Obedrecht y de la “estafa maestra” que de plano
se antojan increíbles. ¿Cinco millones de pesos en bolsas de ropa de marca
entregados en mano entre sesión y sesión del Senado y de la Cámara de
Diputados? ¡Toma, paloma!
En fin, ya sabe usted cómo se las gastaban
estos truculentos neoliberales y conservadores a quienes, por cierto, el
licenciado López Obrador no quiso aplicar la ley apenas después de rendir
protesta como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018.
¿Por qué hasta estos días? Pregunta pueril,
pero al fin pregunta. Justiciero cuyo pecho no es bodega pero hasta hoy
persigue a sus contrincantes, no enemigos ha dicho, porque ¡ya basta de tanta
corrupción!
Y, mire usted, de pronto e licenciado Andrés
Manuel encontró que, en efecto, mediante decreto firmado por el entonces
presidente Felipe Calderón, el 8 de junio de 2012 se expidió y publicó junto
con una reforma al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, la Ley
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal,
a la que vía Transitorios se aprobaron dos reformas en la administración de
Enrique Peña Nieto, que data del 17 de junio de 2016.
En pocas palabras, las armas de las que ha
echado mano el licenciado López Obrador fueron aprobadas por su odiado enemigo,
al que calificó de espurio y se cruzó la banda como “presidente legítimo”, y el
neoliberal y conservador pillastre Enrique Peña Nieto.
Y es que, en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el
Procedimiento Penal, en su artículo Primero, numerales IX y X, aparecen las figuras de Persona Protegida, que es “todo aquel individuo que pueda
verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento
penal. Asimismo, dentro de dicho concepto se considerarán a las personas
ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido
o servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las
actividades de aquellos en el proceso.
Y Testigo Colaborador, “la
persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad
investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de
prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.
“Podrá ser testigo colaborador,
aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada,
de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de
oportunidad”.
Para su
conocimiento, quienes firmaron la creación de la Ley de marras y los
transitorios correspondientes, fueron, el 27 de abril de 2012, el senador presidente José
González Morfín, el diputado presidente Guadalupe Acosta Naranjo,
el senador secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo, y el diputado
secretario Mariano Quihuis Fragoso. Y por supuesto el presidente Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa, y el secretario de Gobernación, Alejandro
Alfonso Poiré Romero.
Los transitorios, el 5 de febrero de 2015, los firmaron el diputado presidente Silvano
Aureoles Conejo; el senador presidente Miguel Barbosa Huerta; el
diputado secretario Fernando Bribiesca Sahagún, y la senadora
secretaria Lucero Saldaña Pérez. Y el 10 de marzo de ese año, el
presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
Un segundo transitorio de esta Ley lo firmaron, el 15
de junio de 2016, el senador presidente Roberto Gil Zuarth; el diputado presidente José de Jesús Zambrano Grijalva, la
senadora secretaria Hilda Esthela Flores Escalera y la diputada secretaria Verónica
Delgadillo García. Claro, también los neoliberales y conservadores, de acuerdo
con el libreto de la 4T, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.
Ahí estaba, como anillo al dedo –Peje dixit--
la vía legal para cobrar facturas políticas. Y el licenciado presidente le ha
dado el uso elemental. ¿Justiciero? Llámele como quiera, pero los neoliberales
Calderón Hinojosa y Peña Nieto firmaron el manto sagrado para las hermanas de
la caridad que quieren cantar para llevarlos a la Plaza Mayor y quemarlos en
leña verde. Por cierto: ¿usted le cree a
López-Gatell? ¡Yo tampoco! Conste.
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