El informe final de la Comisión Especial de diputados federales que da seguimiento al caso del derrame de tóxicos de la mina Cananea a los ríos Sonora, Bacanuchi y Tinajas, contiene conclusiones demoledoras que implican el calificativo de criminal para el Grupo México, cuya subsidiaria Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., es responsable del desastre ambiental, económico y social que enfrentan pobladores de aquella región sonorense desde el pasado 6 de agosto.
La dimensión del caso es de tal naturaleza que el anunciado fondo de dos mil millones de pesos para atenderlo tiene características de paliativo, es decir, un paso apenas inicial para una solución integral que llevará años.
Pero, ¿qué contiene, concluye y recomienda el grupo plural de diputados federales que integran esa Comisión Especial, que desde el pasado 26 de agosto fue instalada formalmente y el pasado 3 de septiembre visitó Sonora, recorrió la zona afectada y se reunió con autoridades estatales, federales y municipales?
Se prevé que este viernes 12 de septiembre, dicha Comisión entregará, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el informe relacionado con este asunto que está salpicado de mentiras, omisiones aberrantes, protagonismos insultantes y hasta berrinches oportunistas del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Para el miércoles 17 de la semana próxima, el pleno de la Cámara de Diputados votará las recomendaciones de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, aunque también afecto al Tinajas.
Una de las recomendaciones implica, como advierte la diputada petista Lilia Aguilar, cancelar la concesión de la mina Cananea a Grupo México, debido a la gravedad del desastre. El documento contiene desde los antecedentes del caso, una detallada bitácora de reuniones, visitas, entrevistas, peticiones, quejas de afectados, las leyes violadas por Grupo México, conclusiones y propuestas, amén de anexos.
De una primera lectura al documento se desprende que el gobierno de Guillermo Padrés Elías puede ser acusado de omisión e incluso hasta de complicidad porque, como autoridad no tomó en cuenta recomendaciones que se hicieron desde 2007, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto de las anomalías encontradas en el espacio laboral en materia de seguridad e higiene de los mineros, amén de que su Unidad Estatal de Protección Civil tardó en atender la denuncia de pobladores de la región afectada desde el 6 de agosto.
“El 7 de agosto de 2014 –cita el informe--, habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi, mientras que la empresa notificó el incidente a la autoridad federal, telefónicamente, el día 8 de agosto y formalmente hasta el 12 de agosto (…)”. El derrame ocurrió el 6 de agosto.
Así, a Guillermo Padrés Elías se le juntó el tema de la presa que construyó en su hacienda merced, sin duda, a tráfico de influencias. Este es un asunto digno de ser tratado en otro momento, pero sin duda por ello expulsó del estado a los delegados federales de la Conagua, la Sagarpa y la Profepa, en un arranque de histeria que lo llevó a olvidar que el jefe de los delegados es el Presidente de la República.
Por de pronto, el góber se metió en una complicación política, de suyo severa porque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de plano le canceló la reunión que tenía prevista con él este viernes en la ciudad de México porque, adujo, “no hay condiciones para un diálogo respetuoso y constructivo”.
¿Afecta a Padrés el asunto de Minera México? Todo indica que algún interés tiene su gobierno, más allá de incentivar las inversiones o generar empleos.
Vea usted, por ejemplo, el blofeo de Padrés Elías respecto del fideicomiso de dos mil millones de pesos, financiado por Grupo México –sin duda no por voluntad propia, porque no se caracteriza por estar integrado por hermanas de la caridad—y el gobierno federal, cuando refirió que el miércoles pasado le ofreció al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aportar mil millones para ayudar a paliar la situación que enfrentan los miles de damnificados por el derrame de tóxicos a los ríos Sonora, Bacanuchi y Tinajas. ¿Usted le cree? ¡Yo tampoco!
En fin. El caso es que el informe de la Comisión Especial –del que abundaré en un trabajo especial, porque lo merece dadas sus implicaciones—evidencia el desprecio criminal con el que Grupo México ha procedido con sus trabajadores en esa mina de Cananea.
En el numeral III del informe de esta Comisión Especial, se alude a las conclusiones. Entre ellas está el hecho de que la empresa Grupo México, “mintió desde un primer momento, ya que pasaron varios días en que tuvieron conocimiento del derrame y no avisaron a las autoridades correspondientes, dejaron que se siguieran contaminando las aguas, después señalaron que el derrame fue a causa de las lluvias (…)”. Es tiene un indudable adjetivo: CRIMINAL.
¿Y qué del gobierno de Padrés Elías? El informe es contundente en la conclusión: “La Comisión Estatal de Protección Civil no ha entregado a la fecha, las actas del Comité de Emergencia, aún cuando fueron solicitadas por la Comisión Especial”.
Y puntualiza: “Con la información recabada al momento la Comisión Especial exigirá a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México”; ello amén de que considera indispensable la suspensión de actividades de la mina Cananea, hasta en tanto se evalúen los daños, se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización a toda la población afectada. Conste.
VIERNES. Por cierto, ¿de dónde iba a sacar el góber Padrés los mil millones de pesos para paliar los daños provocados por el derrame, si este jueves aseguró que el estado de Sonora está en crisis económica? Derrame, mentiras y vídeos, dignos de un thriller de don Memo Padrés. El lunes le seguimos. Digo.
@msanchezlimon
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