A simple vista se pensaría
que Felipe Calderón pretende legar dos reformas de suyo importantes para el
país. Pero, ambas no pasan el primer análisis que las evidencia una revancha o
cobro de facturas al partido que lo echa de Los Pinos y la lideresa sindical
que rompió con él y lo exhibió.
En efecto, apenas Enrique
Peña Nieto fue declarado Presidente Electo y el Congreso de la Unión se
constituyó e inició actividades con una amplia mayoría priista en el Senado (54
senadores) y en la Cámara de Diputados (207 legisladores), junto con el
compendio de su sexto informe de gobierno estrenó la reforma política en el
rubro de iniciativa preferente y envió dos iniciativas de reformas legales con
la intención de que sean dictaminadas y aprobadas antes de entregar el cargo el
sábado 1 de diciembre próximo.
Sin embargo, no es halagüeño
el futuro mediato de dichas iniciativas de reforma laboral y de la Ley Federal
de Contabilidad Gubernamental, porque la iniciativa preferente del Presidente
de la República tiene un plazo acotado de 30 días para dictaminarse, pero
resulta que ello aplica cuando hay comisiones dictaminadoras constituidas y en
operación.
Y es que la LXII Legislatura
apenas constituida y con sus trabajos del primer periodo ordinario de sesiones ,
no tiene en operación a ninguna de las 44 comisiones ordinarias, entre ellas
las comisiones del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, de Puntos
Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública y las de Salud y Desarrollo
Social, por citar a algunas de las que deben involucrarse en la revisión,
análisis de las iniciativas de marras, elaboración de los dictámenes y turno al
pleno para su discusión y eventual aprobación.
Por ley, el Congreso de la
Unión recién constituido tiene 30 días, es decir, todo el mes de septiembre
para integrar sus comisiones. El tema lo abordó Manlio Fabio Beltrones,
coordinador de los diputados federales del PRI, poco después de levantada la
sesión de Congreso General del sábado último.
Beltrones dijo que se
requiere voluntad política para aprobar la reforma laboral propuesta por
Calderón. Y en ese ánimo se encuentra la bancada priista de extender la mano
para seguir construyendo acuerdos en beneficio del país.
Pero, el problema que
enfrentan ambas iniciativas presidenciales no es político sino técnico y de
procesamiento, porque el plazo de 30 días para dictaminarlas correrá a partir
de que esté conformadas las comisiones, es decir, prácticamente hasta octubre.
Y sí, pueden ser dictaminadas y votadas en comisiones, pero eso no es garantía
de que pasen en automático en el pleno camaral. En una tesitura similar se
encuentra la fracción del PRD, cuyo coordinador, Silvano
Aureoles Conejo, estimó que las iniciativas de reforma laboral y de
modificaciones a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, son
extemporáneas porque las turna cuando está a tres meses de entregar el cargo.
Pero más allá de la disposición
abierta, pública de las dos fracciones parlamentarias opositoras al PAN –aunque
el PRD acordó una alianza con el albiazul para impulsar reformas—ambas
iniciativas presidenciales no pasan la aduana de una revisión básica sin
evidenciar que implican la revancha del presidente Calderón contra el PRI y la
maestra Elba Esther Gordillo, por citar a los más evidentes destinatarios de
las propuestas.
Por ejemplo, aquella demanda de incluir
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
ordenamiento de que los sindicatos y partidos políticos transparenten sus
recursos, se retoma en la reforma laboral y obligaría a las organizaciones
sindicales a rendir cuentas sobre las cuotas que reciben de sus agremiados.
¿Podríamos conocer cuánto perciben los
dirigentes sindicales de gremios como el petrolero y el magisterial?
Inocultable la pretensión de descobijar a la maestra Gordillo y obligarla a
rendir cuentas de las millonadas mensuales que recibe el SNTE mensualmente.
Y mire usted, de que hay revancha, la hay. Porque
en la anterior propuesta de reforma laboral, elaborada por el PAN en la Cámara
de Diputados, no se abordó el tema. Y ahora enfatiza:
“Fortalecer
la rendición de cuentas por parte de las directivas de
los sindicatos. Para ello se prevé que se deberá entregar a todos
los trabajadores sindicalizados, un resumen de los resultados de la
administración del patrimonio sindical y que la rendición de cuentas
debe incluir por lo menos la situación de los ingresos por cuotas sindicales y
otros bienes, así como su destino”, insistió.
Y en materia de la Ley General de Contabilidad, plantea agrega un título
quinto para establecer expresamente obligaciones para los estados y que
no puedan ocultar su deuda o compromisos de pago de estados
municipios y también la Federación, así como todos los entes públicos
de los tres poderes de la Unión. Se pretende evitar endeudamientos como el
moreirazo en Coahuila. Pero, ¿apenas se dio cuenta Calderón de este problema?
Cuestión de analizar las dos
iniciativas preferenciales. En política no hay coincidencias ni buenos deseos.
Y si ambas reformas no se aprueban antes del 30 de noviembre, Calderón podrá
parafrasear al promocional del IFE: Se los dije, se los diiiije. Conste.
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