Si alguien conoce lo que
sucede en la región de la Montaña, pues es donde tiene sus raíces y donde ha
trabajado profundamente, es Raymundo García Gutiérrez.
El ahora coordinador del PRD
en el Congreso y expresidente municipal de Acatepec, señala lo que muchos solo
ven de lejos y desde el escritorio, acerca de la práctica de la venta de niñas
en algunos municipios de la Montaña.
Y de acuerdo a su postura,
legislar no basta, pues hay que estar en las comunidades para hacer que la
población tome conciencia de que la venta de niñas es un delito.
Esto es lo que las nuevas
autoridades deben hacer si es que quieren verdaderamente erradicar esta
práctica justificada con los usos y costumbres.
El legislador reconoce que
esto sucede en pueblos de más alta marginalidad y destaca que en algunos
lugares ya había reducido esa práctica gracias a los problemas sociales que la
federación hacia llegar, pero desde que se cancelaron ha vuelto a presentarse.
En su opinión este problema
no se va a acabar si no se va más allá de las cabeceras municipales, para
atender de cerca a la población de las localidades, fundamentalmente mixtecas,
quienes son los que realizan la práctica de los matrimonios infantiles o
forzados.
Además, señala que esto debe
atenderse por los tres órdenes de gobierno, para ir a las causas que generan
esta práctica, y que es la falta de recursos económicos y debido a la
cancelación de los programas sociales desde el 2018, lo que ha afectado a las
familias de esa región.
García Gutiérrez, quien es
un político que conoce la mayor parte de la Montaña y tiene información de
primera mano, afirma que ha sugerido a los coordinadores de las policías
comunitarias que ya no permitan estas prácticas violatorias de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, por lo que poco a poco se ha ido avanzando
en ese sentido, además para que gracias a los programas de apoyo económico a
las mujeres o jefas de familia, en las comunidades tlapanecas esta práctica se
redujo significativamente, pues había manera de tener garantizado un ingreso,
que ahora ya no existe, lo que ha incrementado aún más los niveles de pobreza.
La propuesta del legislador
perredista es que se resurjan esos programas de apoyo social para las familias.
Raymundo tiene claro el
esquema para reducir esa práctica de venta de niñas, como es legislar,
concientizar directamente a la población para que dejen de hacerlo y la
implementación de programas de apoyo social para que les ayude a fortalecer la
economía a las familias más pobres de la Montaña.
Esperemos que la gobernadora
Evelyn Salgado Pineda retome estos puntos de vista y solicite a la federación
implementar algunos programas emergentes para reducir la alta marginalidad en
la Montaña, y permitan acabar con la venta de niñas.
El PROBLEMA DE LA NÓMINA EN
EL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO una y otra vez fue expuesto por el expresidente
municipal Antonio Gaspar Beltrán, y claramente dijo que causaba problemas para
poder pagar cada quincena.
También señaló que había
podido adelgazarla en unos cuantos cientos de trabajadores, pero que no hubo
recursos para poder achicarla más, so pena de recibir cientos de demandas por
despidos de trabajadores.
Señaló que con 800
trabajadores se podía atender todas las funciones del ayuntamiento, como lo
estuvieron haciendo durante la pandemia, y que esta crisis de salud pública
tiró los ingresos propios en cantidades millonarias, y los trabajadores
sindicalizados estuvieron en sus casas para no enfermar de Covid-19.
Gaspar señaló muchas veces
que heredó una nómina de 3 mil 730 trabajadores y cuando finalizaba su periodo
dijo que la dejaba con 2 mil 946 trabajadores efectivos.
Quien fuera la directora de
Recursos Humanos del anterior gobierno, da los datos duros y señala que la
nómina que dejaron tiene 3 mil 358 personas, porque están incluidos
pensionados, el pago de pensión alimenticia, la entrega de 200 becas a hijos de
trabajadores que a pesar de no ser personal activo fueron considerados en la
nómina.
Es decir, esta cantidad es
menor a los 3 mil 730 que antes existían.
Adriana Mondragón Sosa
también señala que no se contrataron 550 trabajadores y que tampoco se dejó una
deuda de mil millones de pesos y no se aumentaron plazas de trabajadores de
base, sino que disminuyeron 691 por fallecimientos de empleados.
Así como fue problema para
la anterior administración el pago de nómina, también lo será para la actual
administración, y seguramente tarde o temprano tendrá que lidiar con los sindicatos,
cuando traten de imponer sus intereses, pues aunque las nuevas autoridades hayan
llegado con los líderes a ciertos acuerdos, si a ellos les conviene volverán a
presionar a las autoridades para obtener más beneficios, aunque a veces no
tengan la razón.
Hay quienes señalan que lo
peor que pudo pasarle a este ayuntamiento es tener tantos sindicatos y que cada
quien trate de negociar sus conquistas laborales sin la presencia de los otros.
Habrá que recordar que la
pandemia no ha terminado y nuevos brotes de contagios en la capital o en los
lugares de trabajo, pueden surgir y afectar el buen funcionamiento de la
administración municipal.
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