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| RODRIGO HUERTA PEGUEROS |
El estado vecino de
Michoacán no es la única entidad del país que tiene severos problemas de
gobernabilidad sino también existen otras entidades como son Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, en donde la situación social y política se han deteriorado al grado de
que la federación (léase gobierno de la República) ha tenido que intervenir
directamente para evitar que la delincuencia siga avanzando, la corrupción se
multiplique, las instituciones dejen de funcionar y para que los gobernadores y
alcaldes no dejen de asumir sus funciones para lo que fueron electos.
Lo que están padeciendo hoy
día los michoacanos no es diferente a lo que en esta entidad guerrerense se ha y
continúa padeciendo. Esto es, que la delincuencia común y organizada se
encuentra posesionada de territorios completos, en donde los alcaldes son
marioneta de los narcotraficantes, en donde la policía en lugar de combatirlos
son partícipes de estas bandas, en donde la inseguridad pública es la
constante, donde los secuestros están a la orden del día, las extorsiones
siguen sin ser frenadas, donde el pago de piso es casi una normalidad y donde
los ciudadanos han tenido que organizarse y armarse para defenderse y han constituido
no solo policías comunitarias sino organizaciones de autodefensa.
Pero no solo en Michoacán
los maestros hacen de las suyas ni son solo los normalistas los que también se
rebelan contra el gobierno sino una amplia porción de los ciudadanos que
solicitan que las instituciones de procurar e impartir justicia funcionen, pues
es ya larga la lista de personas que han sido ejecutadas, líderes sociales asesinados
y otros más amenazados y perseguidos y no se ha logrado ningún resultado
satisfactorio.
La corrupción, la falta de
transparencia y rendición de cuentas de las autoridades e instituciones que
manejan amplios recursos públicos es una praxis intolerante que no ha logrado
ser, no solo evitada, sino frenada, lo cual propicia que los gobernantes sean
moralmente incapaces de exigir a los ciudadanos que cumplan con sus deberes cívicos,
sociales, políticos y económicos.
Si en Michoacán la
federación ha tenido que intervenir para que el crimen organizado no se apodere
del gobierno, en Guerrero ha sucedido lo mismo y se ha evitado que se salgan
con la suya por la participación directa, no solo de la secretaría de
gobernación, de la defensa nacional, de la armada de México y de la policía
federal sino del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tal y
como lo ha dejado sentir en los últimos meses con motivo de la tragedia de las
tormentas que han azotado la región.
Pero también no se nos debe
olvidar que si también la federación ha tenido que intervenir en Michoacán para
frenar la proliferación de las policías comunitarias o los grupos de autodefensa,
lo mismo ha sucedido en Guerrero en donde los conflictos en esta materia se le
salieron de las manos al gobierno estatal y fue necesario la intervención de la
federación para que esto no se convirtiera en un problema maypusculo de
inseguridad pública, social y política.
Lo mismo podríamos decir del
conflicto magisterial, el cual rebasó la capacidad del gobernador del estado y
tuvo que intervenir la secretaría de gobernación en donde se firmaron acuerdos
para que los maestros de la CETEG volvieran a clases y el gobierno estatal tuvo
que guardarse las amenazas que había proferido en contra de los disidentes del
magisterio.
Si en Michoacán las cosas se
salieron de control por algunos días, la intervención de la federación impidió
que esto escalara aún más y que todo volviera a una virtual regularidad, lo
cual prohijó que el gobernador Fausto Vallejo no fuese dimitido de su labor por
parte de los senadores de la República, tal y como en alguna ocasión se llegó a
proponer.
Esto también se propuso en
Guerrero por parte de los maestros disidentes, quienes solicitaron la
desaparición de poderes en la entidad ante la incapacidad del gobernador Ángel
Aguirre para atender y dar solución a sus demandas, acompañadas de otras
acusaciones que se le hicieron por cuestiones no solo de nepotismo sino también
de malos manejos de amplios recursos públicos federales desviados.
Lo que estamos viendo hoy
día es una nueva imagen de gobernantes fallidos, quienes han encausado a las
entidades bajo su responsabilidad hacia un vacio de poder y que se ha evitado
gracias al control que ha asumido en varios renglones institucionales por parte
de la federación.
Luego entonces, debemos
tener en mente de que si el gobierno de Michoacán fuese sujeto a un ejercicio
de desaparición de poderes, esto podría abrir la puerta para que se replicara
en otras entidades, como Guerrero, donde la situación es similar y en donde la
escalada de la delincuencia organizada no ha llegado a controlar la entidad
gracias a la intpresencia de la federación y no porque los gobernantes hayan
asumido una actitud valiente y de confrontación contra los criminales.
Los reflectores están hoy
dirigidos hacia el estado de Michoacán. Mucho tiempo los tuvimos en Guerrero
donde las cosas no han mejorado, sino que han tenido, mas bien, un intermedio
por causa de las tormentas que resultaron no solo una tragedia para los
habitantes que perdieron no solo casas y otros bienes sino que sufrieron de
pérdidas de vidas humanas y que destapó la cloaca de la corrupción
gubernamental, particularmente en Acapulco, donde los afectados no son mas que
víctimas de las corruptelas de autoridades con empresas constructoras, donde el
dinero y el tráfico de influencias fueron suficientes para levantar
construcciones en zonas prohibidas y que afectaron severamente nuestro medios
ambiente y la ecología de la zona.
Si en Michoacán hay severos problemas
de gobernabilidad, en Guerrero no podemos echar las campanas a vuelo pues
estamos en similares o peores circunstancias, sin olvidar que también los
vecinos de Oaxaca y los paisanos de Chiapas pasan por circunstancias similares
y que si no fuese por la federación, quien sabe en que circunstancias operarían
estos gobernantes fallidos.
Periodista/Analista
Político*
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