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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Vaya, de qué manera se
explica que haya resistencias en el legislativo que parecieran presionadas por
intereses oscuros que apuestan al envió de reformas legales hacia la
congeladora, porque éstas se encauzan al endurecimiento de penas contra los
delincuentes dedicados al tráfico y explotación de mujeres, en especial.
En tratándose de crimen
organizado el fondo es una perversa industria multimillonaria que compra,
vende, explota y esclaviza a mujeres, en especial porque de siempre,
infortunadamente el género femenino ha sido la mercancía –y disculpe el
adjetivo—de estos delincuentes.
En el otro extremo, el de
los misóginos hay quienes se escudan e invocan a la libertad de expresión para
denostar y descalificar a las mujeres que se dedican a la política, que aspiran
y logran espacios en el legislativo, en el servicio público.
Por ejemplo, por ahí en el
estado de Chiapas un personaje que responde al nombre de Víctor Carrillo
Caloca, director de un blog denominado “Tinta Fresca Periodismo y nada más”, ha
publicado que ha cuestionado, criticado y descalificado a mujeres políticas,
como si la misoginia fuera un logro que se presuma.
Carrillo Caloca ha hecho
de la diputada federal María Elena Orantes, su objetivo de críticas de supuesta
ironía. Mire usted, quien se dedica a la política sabe los terrenos que pisa y
que puede ser blanco de ataques y hasta descalificaciones, pero cuando éstas
lindan en la campaña personal de abierta misoginia, entonces el sedicente
periodista tiene otro adjetivo que lo identifica.
Y algo grave ocurre cuando
un cuarteto de sujetos patea y golpea a la senadora Ana Patricia Guevara, por
un supuesto incidente de tránsito que lindó en intento de homicidio.
¿Hay que esperar a
endurecer las penas contra esos individuos?
Y es que, mire usted, ayer
en la Cámara de Diputados, me cuenta mi colega Paty Ramírez, pese a las
protestas de organizaciones civiles y diputados de oposición, las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron el dictamen, sin cambios, de
la minuta del Senado para establecer los tipos penales en materia de trata de
personas, así como sus sanciones y circunstancias agravantes.
Se espera que el dictamen
sea llevado hoy a discusión y, sin duda, aprobación del pleno camaral en San
Lázaro; fue avalado por 37 votos a favor del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y
Movimiento Ciudadano, uno en contra del diputado independiente Manuel
Clouthier, y nueve abstenciones del PRD y Morena.
¿De qué se trata? De la
reforma, adicionan y derogación de diversas disposiciones de la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Además, se establecen
criterios rectores en materia de prevención, atención, investigación,
procesamiento y sanción para la protección integral de los derechos humanos de
las víctimas. Pero resulta que esta que es minuta enviada por el Senado que, en
primera instancia, la aprobó en febrero de 2014 y turnó a la Cámara de
Diputados, donde se modificó y regresó a la Cámara alta, en diciembre de ese
año.
Luego, dos años después, el
pasado 27 de octubre de 2016 la volvió a aprobar y la turnó de nuevo a la
Cámara de Diputados de San Lázaro en noviembre pasado, que la retornó con 22
modificaciones. Bueno, finalmente el pleno senatorial la aprobó y reenvió la
minuta a la Cámara baja, donde las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos
Humanos aprobaron el documento, aunque la presidenta de la Comisión Especial
Contra la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez, advirtió que no hay
consenso para aprobar la minuta.
Aduce que hay mucha
confusión, en este momento no hay consenso y así no es factible subirlo al
pleno, hay que pensar muy bien en una ley que pueda traer beneficios para todos
y lo importante es que haya consensos para seguir avanzando.
La legisladora priista
explicó que la Comisión Especial debe emitir una opinión sobre la minuta, donde
se establecen los tipos penales en materia de trata de personas, sus sanciones
y circunstancias agravantes. Y es que, considera que el texto que propone la
Cámara alta sí tiene ventajas, pero aún persisten problemas técnicos que, dijo,
podrían dejar en libertad muchos tratantes que actualmente están en la cárcel.
“No queremos retroceder,
queremos legislar bien y con responsabilidad y que el carácter técnico de
algunos artículos no vaya a afectar definitivamente los logros que hemos
conseguido hasta ahora”, argumentó.
Es posible que la diputada
priista tenga razón. Pero, debe recordar que toda ley es perfectible, de forma
tal que si pasaron dos años para aprobar esta reforma, cuánto más habrá que
esperar para endurecer las penalidades contra los tratantes de personas.
Alguien debe dar la pauta
en este momento. Mañana habrá tiempo para pensar en otras enmiendas y
complementar lo aprobado. Mañana es otro día perdido en el combate contra esos
delincuentes. ¿Y los misóginos? No hay que dejarlos impunes. ¿Congeladora legislativa?
Digo.
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