* "Procedente y necesaria Ley de Seguridad Interior para enfrentar al crimen bajo un marco jurídico y respeto a los Derechos Humanos": Astudillo en la Cámara Alta
* "En Guerrero quien viola los derechos humanos son los delincuentes": HAF
* Pide el mandatario estatal al Senado superar limitaciones presupuestales a entidades para elevar capacidades de fuerzas locales de seguridad
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2017.- Al emitir su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación.
Ante senadores, el Ejecutivo guerrerense expresó: "Consideramos que es procedente aprobar el dictamen (Ley de Seguridad Interior) en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad.
Y agregó: "La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y paralelamente señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal".
Esta mañana, en la sede del Senado de la República y ante los senadores por Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza y Sofío Ramírez Hernández, el gobernador de Guerrero participó en un foro con integrantes de la Junta de Coordinación Política, con el fin de dar a conocer su postura en torno a la Ley de Seguridad Interior que se discute la Cámara Alta.
Ahí, Astudillo Flores, expuso que la condición de violencia de Guerrero es alarmante, a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, los cuales dijo, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que sufre el Estado.
El gobernador de Guerrero añadió que los 4 mil policías con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública Estatal son insuficientes para cubrir el territorio, sin embargo reconoció el compromiso y valor de esta institución para enfrentar el crimen. En este contexto, Astudillo Flores, aprovechó el momento para plantear que, "se acuerden acciones y decisiones para superar las limitaciones presupuestales que hay en las entidades federativas y elevar las capacidades de las fuerzas locales de seguridad".
El mandatario guerrerense recalcó a los senadores que la Ley de Seguridad Interior es necesaria con el objetivo de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, en resumen, "les daremos certeza jurídica a su actuación".
Acompañado por los gobernadores de Colima, Jalisco, Tlaxcala, Querétaro, Durango, el gobernador señaló que en Guerrero, sería impensable no contar con el apoyo del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, instituciones que han sido leales con el pueblo de Guerrero y han sido escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos de los ciudadanos.
Resaltó que en Guerrero, "los que violan los derechos humanos son los delincuentes" y son los delincuentes quienes buscan someter a pueblos y autoridades, por ello, la imperiosa necesidad de la Ley de Seguridad Interior", dijo Astudillo Flores.
Explicó el gobernador de Guerrero, que en la entidad suman ya más de 2 mil homicidios en el presente año, colocando al estado en el penoso primer lugar nacional. "La suma de factores estructurales y de coyuntura colocaron a Guerrero en una circunstancia de riesgo para la seguridad del país".
Astudillo Flores, agregó que las extensas zonas de la entidad son disputadas por bandas criminales por el control del territorio, bandas que se multiplicaron por la fragmentación de los llamados cárteles tradicionales o históricos, dijo y añadió, "el país en el tercer mayor productor de amapola del mundo y Guerrero produce la mitad".
Héctor Astudillo, puntualizó que con esta Ley de Seguridad Interior, las fuerzas armadas finalmente contarán con un marco jurídico que regule su actuación conforme a un procedimiento legal específico y con pleno respeto a la Ley y a los derechos humanos, pues afirmó, "estamos convencidos que la seguridad debe considerarse un derecho humano, que todas instituciones debemos estar empeñados a defender".
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