Leo la entrada –primer párrafo—de la nota de Édgar Ávila, corresponsal de El Universal en el estado de Puebla, publicada en la página A16 de la edición del jueves 31 de julio de dicho diario:
“La Procuraduría General de Justicia poblana exoneró a elementos de la Policía Estatal Preventiva del uso de balas de goma y de las lesiones que sufrió un niño durante el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, ocurrido el pasado 9 de julio”.
La cabeza de esta nota refiere: PGJ-Puebla: cohetón causó muerte de niño. Un recuadro fondeado en azul con letras rojas y negras reza: 98 dictámenes periciales se han realizado.
En el diario La Crónica de Hoy se procedió con rubor en la publicación de una nota con todas las características de inserción pagada por el gobierno poblano. Firmada por “Redacción”, en el margen inferior izquierdo, de la edición del jueves 31 de julio, aparece la cabeza: “A Luis Alberto Tehuatlie lo mató un cohetón de un tercer grupo violento, afirma el procurador de Puebla, “hay 98 pruebas de que no fue bala de goma”.
Y en la misma edición de El Universal, del jueves 31 de julio, en la página A9, el articulista Óscar Mario Beteta, en su columna En Petit Comité, alude al caso. A saber:
“Con el dictamen de las autoridades, dado a conocer por el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, de que el niño José Luis Tehuatlie no murió por una bala de goma ni por algún objeto de disuasión policiaca, sino por una onda expansiva causada por la explosión de un cohete al parecer lanzado por los mismos manifestantes, queda, científicamente, cerrado ese caso. La verdad, cuando es transparente y tiene sólidos fundamentos, acaba por imponerse a las mentiras, producto de la politiquería, el odio y la insidia”.
Son tres versiones que rondan en similares conceptos de argumento, en una especial consonancia con la versión que manejó el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Rio. Coincidentes por cuanto a dar como absolutamente cierta a la versión oficial del procurador general de justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, porque es la única que se aporta oficialmente. No hay un dictamen público avalado, firmado, por técnicos y peritos.
Sí, Carrancá exonera a Carrancá. El fiscal poblano exonera a la fuerza pública estatal, poblana. Juez y parte, ofensiva conclusión contra el sentido común. Es un capítulo más en esta novela de la ignominia del virrey Rafael Moreno Valle Rosas que controla todo, absolutamente todo en y desde el poder.
¿Hay autonomía del Poder Legislativo? La llamada Ley Bala es apenas una muestra de las tantas iniciativas enviadas por Moreno Valle –la primera fue, apenas asumió el poder en febrero de 1011, en materia de endeudamiento público—que por mayoría ha aprobado el Congreso poblano.
¿Hay autonomía del Poder Judicial¡ Los jueces y magistrados han servido en ciertos casos como leguleyos o notificadores de sentencias dictadas, por encomienda de Moreno Valle contra los enemigos de Moreno Valle.
La muerte del niño-adolescente José Luis Tehuatlie Tamayo y las lesiones, graves algunas de ellas, a otras ocho personas, forman parte de ese engranaje de la impunidad en el que una millonaria defensiva-ofensiva ha echado a andar el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para demostrar que los malvados pobladores y los provocadores infiltrados en esa línea perredista, lanzaron un cohetón contra sus integrantes, mientras los jenízaros corrían espantados y sólo se atrevía a lanzar granadas de humo.
Sí, es de imparcialidad elemental enfatizar en que los perredistas y socios en ese enfrentamiento con la fuerza pública poblana, no son hermanas de la caridad. Pero pretender dar por sentado que fue un cohetón el que provocó lesiones de muerte al menor José Luis, es una ofensa al sentido común.
¿Quién investigó? ¿Quién o quiénes dictaminaron la exoneración de los policías? ¡El procurador Carrancá Bourget! El mismo que ha pasado por encima de amparos, que ha roto el respeto al Poder Judicial por encomienda, complicidad y órdenes de Rafa gobernador.
A los medios que publicaron la versión oficial, porque se trata de inserción pagada, se les entiende el trato comercial. Negocio es negocio. Si hubo o no recursos repartidos entre opinadores, es asunto que a ellos y su conciencia compete. Sólo pregunto si tiene algún precio ocultar la muerte de un ciudadano, niño o no, para que el señor gobernador no sea descarrillado de su personalísima carrera rumbo a la candidatura presidencial. ¡Caray! Digo.
VIERNES. ¿Usted le cree al procurador poblano Víctor Antonio Carrancá Bourget? ¡Yo tampoco! Conste.
@msanchezlimon
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