*Existe un auto de formal prisión por el órgano jurisdiccional contra un efectivo de la Policía Turística porteña por estos hechos
La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que en marzo de 2014 apareció en la página electrónica YouTube un video en el que se aprecia a tres elementos de la Policía Turística Municipal de Acapulco, aparentemente golpeando con toletes a una persona del sexo masculino en un cuarto, la cual estaba vendada de los ojos, razón por la cual se inició la investigación para determinar responsabilidades.
Dentro de la indagatoria, se practicaron diversas diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos que aparecen en la enunciada grabación, razón por la cual compareció ante el Ministerio Público el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, quien entre otras cosas, exhibió documentación relacionada a los elementos de la Policía Turística que aparecían en el video publicado en redes sociales.
Además, un informe que estos últimos suscribieron, dan los pormenores de la forma en que ocurrieron los hechos, quienes posteriormente comparecieron bajo los efectos del amparo y protección de la justicia federal a rendir declaración ministerial, dentro de la cual se ubicaron en tiempo, modo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos, además de señalar directamente al entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Álvarez, de haberles dado instrucciones para que golpearan al indigente, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero.
En igual forma, se solicitó la colaboración de diversas instancias federales, estatales y municipales a efecto de ubicar a la víctima, sin lograr dicha circunstancia; además, se practicaron pruebas periciales, en materia criminalística, informática y comunicaciones, audio y video, retrato hablado, fotografía forense, así como declaraciones ministeriales, entre otras.
Una vez que el Ministerio Público acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, entre ellos José Arturo Quezada Ramírez y Alfredo Álvarez Valenzuela, así como otras dos personas más, se procedió a ejercer acción penal sin detenido ante un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por los delitos de desaparición forzada de persona y abuso de autoridad, quien estimó suficientes los medios probatorios recabados por el órgano investigador, motivo por lo que el 10 de junio de la presente anualidad, libró la correspondiente orden de aprehensión en contra de los cuatro imputados por los delitos por los que se consignó.
El 13 de junio de 2014, elementos de la Policía Investigadora Ministerial lograron la captura de José Arturo Quezada Ramírez en las inmediaciones de la colonia Progreso, de Acapulco, procediendo a internarlo en el Centro Regional de Reinserción Social de dicho lugar, dejándolo a disposición del juez de la causa, quien el 16 de junio de 2014, le decretó la formal prisión.
Consecuentemente, el 24 de julio de 2014 se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Alfredo Álvarez Valenzuela, quien fue detenido en la ciudad de México, Distrito Federal y trasladado a la ciudad de Acapulco, para posteriormente internarlo en el Cereso de Chilapa, a disposición del juez que lo reclamaba, quien dentro del término correspondiente dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, al considerar que los testimonios de los otros tres coacusados no se encuentran acreditados con otro medio de prueba que haga verosímil su dicho.
No obstante a ello, el argumento utilizado por el órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre la probable responsabilidad de Alfredo Álvarez Valenzuela, se estima contradictorio, ya que al entrar al estudio del cuerpo del delito lo estima como acreditado derivado de la declaración de los coinculpados, mismos a los que les resta eficacia probatoria al momento de resolver sobre la probable responsabilidad de Álvarez Valenzuela.
Con motivo de lo expuesto, la PGJE interpuso el recurso de apelación contra la citada determinación del órgano jurisdiccional, por lo que en su oportunidad hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada, a efecto de que revoque la libertad de este probable responsable.
A la fecha, la Procuraduría realiza las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento al mandato judicial en contra de los restantes indiciados.
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