Diferendo MVS-gobierno
Los Bienes de la Nación no deben ser instrumento político del gobierno
El conflicto derivado entre MVS y el gobierno federal a raíz de la determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por iniciar el rescate de la banda 2.5 Ghz, pone en evidencia lo que diversos sectores de la sociedad hemos denunciado sobre la falta de transparencia, discrecionalidad y uso faccioso del marco jurídico actual en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que impiden la existencia de una política pública que responda al interés general.
El escandaloso diferendo entre los intereses privados de una importante empresa y la auto defensa política de la presidencia de la República acusan la perniciosa práctica de supeditar los refrendos de las concesiones a negociaciones de orden político. Exigir la disculpa pública de la destacada periodista Carmen Aristégui como condición para la prórroga de las concesiones constituye una forma de extorsión que resulta inaceptable. La utilización de la banda de 2.5 Ghz como recurso para amagar a un medio de comunicación confirma el empleo faccioso que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha hecho del espectro radioeléctrico.
Si MVS quería seguir utilizando esas frecuencias, sin duda tenía que pagar por ello, no hubiera sido admisible que pagase menos que otros operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, el gobierno federal no estableció parámetros claros para calcular el precio de la banda de 2.5 Ghz. Todavía hoy, en medio de la guerra de declaraciones incómodas para todos sus protagonistas y sumamente reveladores para la sociedad, no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios para establecer el monto de la contraprestación establecida, aún cuando en otros países con realidades más cercanas a nuestro país como Chile y Brasil pueden ser una referencia al respecto.
Las develaciones y acusaciones sobre esa negociación, injustificadamente extensa, dan cuenta del uso y el abuso político con las frecuencias radioeléctricas. El patrimonio nacional no debe estar sujeto a negociación. Como lo hemos sostenido, la grave concentración en el sector y sus permanentes conflictos son producto de la ausencia de una auténtica política de telecomunicaciones. A falta de ella, el gobierno federal toma decisiones parciales, ceñido a conveniencias coyunturales y no al interés público.
Esta decisión, pretendidamente sustentada en criterios económicos respecto a una contraprestación no cubierta, contrastan frontalmente con los esgrimidos por el propio gobierno federal en la Licitación 21, cuando pretendió minimizar en extremo cualquier relevancia a los criterios económicos, tomando como base, supuestas condiciones de competencia. La errática conducta del gobierno federal no sólo da cuenta de la falta de una política que promueva la competencia e incentive la pluralidad sino que afecta directamente las posibilidades de usar las llamadas nuevas tecnologías como una vía para el ejercicio de las libertades de información y expresión, así como para inhibir la competencia y mejores servicios para la sociedad. En la vía de los hechos, la conducta del Ejecutivo Federal reduce los beneficios sociales de la utilización de un bien dominio de la nación.
El silencio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en este proceso es altamente significativa pero no resulta extraña. Su insolvencia para regir la asignación de frecuencias es resultado de sus atribuciones y autonomía limitadas pero, también, de la insuficiente vocación reguladora de sus comisionados. Con el mismo desparpajo con que se apartaron de las decisiones sobre la 2.5, han condescendido una y otra vez a las exigencias de Televisa, a cuyas pretensiones se han subordinado tanto esa autoridad como el gobierno federal mismo. El requerimiento para que a MVS se le impidiera renovar las concesiones de la banda de 2.5 surgió, precisamente, de las oficinas de Televisa.
Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 70/2007 que “Tratándose de la administración de servicios de telecomunicaciones, adicionalmente el Máximo Órgano de Justicia ha sostenido que el acceso, operación y administración de estos servicios debe “otorgarse de manera transitoria y plural a fin de evitar la concentración del servicio en grupos del poder, resultando de vital importancia que el Estado, como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y el derecho a la información, evite el acaparamiento masivo de los medios de comunicación”. Nada se eso hemos visto en la administración por concluir, sino todo lo contrario.
La discrecionalidad y opacidad, son resultado también del insuficiente régimen legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión, producto de una omisión legislativa inaceptable que mantiene vacíos y atrasos jurídicos permisivos para que los grupos dominantes de las telecomunicaciones y la radiodifusión sigan imponiendo sus intereses. Les recordamos a los legisladores que ahora se interesan por la disputa entre MVS y el gobierno, que esta situación también es también en buena medida su responsabilidad.
La preservación de cauces privados para dirimir asuntos de interés nacional, el empleo de frecuencias radioeléctricas como instrumentos de canje político y la carencia de criterios incontestables para determinar el precio de esa y otras bandas del espectro radioeléctrico, así como la inentendible utilidad pública de ejecutar la acción de rescate a meses de que esta administración termine, ratifican la necesidad de una legislación y de políticas públicas coherentes, actuales y completas para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Llama poderosamente la atención que ahora la SCT esgrima que el rescate de la banda lo hace atendiendo a las recomendaciones internacionales, cuando ha sido omisa ante un sinnúmero de recomendaciones de organismos internacionales para revertir la concentración de medios electrónicos y servicios de telecomunicaciones que tanto afectan al país.
Diversos organismos y especialistas, así como ciudadanos interesados en estos temas, ha sugerido que haya una discusión pública tanto para definir el precio y las formas de utilización de la banda de 2.5 como para establecer los rasgos de la política de telecomunicaciones que necesita el país. Ese constituiría el inicio de una actitud distinta, lejos de la utilización convenenciera que suelen hacer de las telecomunicaciones tanto el gobierno, como la gran mayoría de las empresas involucradas en dicho sector.
En el extenso litigio entre el gobierno y MVS se ha reiterado la relevancia que tiene el trabajo profesional de Carmen Aristegui, una voz indepediente que resulta indispensable, que ha contribuido de manera sustancial a la pluralidad informativa. Sin soslayar las apreciaciones críticas que en algunas ocasiones puedan tenerse sobre su trabajo, la labor cotidiana que ella y su equipo hacen es una aportación que ensancha los vericuetos de la democracia mexicana, razón por la que irrita tanto al poder.
En este conflicto quien más pierde es el país y es un inexorable llamado al nuevo Congreso de la Unión, que en breve iniciará su actividad legislativa, para que asuma su responsabilidad y establezca a la brevedad posible las condiciones para una reforma integral del régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el marco de la sentencia de la SCJN y los estándares internacionales en la materia.
Ya es hora de que las telecomunicaciones funcionen para todos, y no solamente como recurso de negocios o instrumento político de unos cuantos.
El escandaloso diferendo entre los intereses privados de una importante empresa y la auto defensa política de la presidencia de la República acusan la perniciosa práctica de supeditar los refrendos de las concesiones a negociaciones de orden político. Exigir la disculpa pública de la destacada periodista Carmen Aristégui como condición para la prórroga de las concesiones constituye una forma de extorsión que resulta inaceptable. La utilización de la banda de 2.5 Ghz como recurso para amagar a un medio de comunicación confirma el empleo faccioso que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha hecho del espectro radioeléctrico.
Si MVS quería seguir utilizando esas frecuencias, sin duda tenía que pagar por ello, no hubiera sido admisible que pagase menos que otros operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, el gobierno federal no estableció parámetros claros para calcular el precio de la banda de 2.5 Ghz. Todavía hoy, en medio de la guerra de declaraciones incómodas para todos sus protagonistas y sumamente reveladores para la sociedad, no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios para establecer el monto de la contraprestación establecida, aún cuando en otros países con realidades más cercanas a nuestro país como Chile y Brasil pueden ser una referencia al respecto.
Las develaciones y acusaciones sobre esa negociación, injustificadamente extensa, dan cuenta del uso y el abuso político con las frecuencias radioeléctricas. El patrimonio nacional no debe estar sujeto a negociación. Como lo hemos sostenido, la grave concentración en el sector y sus permanentes conflictos son producto de la ausencia de una auténtica política de telecomunicaciones. A falta de ella, el gobierno federal toma decisiones parciales, ceñido a conveniencias coyunturales y no al interés público.
Esta decisión, pretendidamente sustentada en criterios económicos respecto a una contraprestación no cubierta, contrastan frontalmente con los esgrimidos por el propio gobierno federal en la Licitación 21, cuando pretendió minimizar en extremo cualquier relevancia a los criterios económicos, tomando como base, supuestas condiciones de competencia. La errática conducta del gobierno federal no sólo da cuenta de la falta de una política que promueva la competencia e incentive la pluralidad sino que afecta directamente las posibilidades de usar las llamadas nuevas tecnologías como una vía para el ejercicio de las libertades de información y expresión, así como para inhibir la competencia y mejores servicios para la sociedad. En la vía de los hechos, la conducta del Ejecutivo Federal reduce los beneficios sociales de la utilización de un bien dominio de la nación.
El silencio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en este proceso es altamente significativa pero no resulta extraña. Su insolvencia para regir la asignación de frecuencias es resultado de sus atribuciones y autonomía limitadas pero, también, de la insuficiente vocación reguladora de sus comisionados. Con el mismo desparpajo con que se apartaron de las decisiones sobre la 2.5, han condescendido una y otra vez a las exigencias de Televisa, a cuyas pretensiones se han subordinado tanto esa autoridad como el gobierno federal mismo. El requerimiento para que a MVS se le impidiera renovar las concesiones de la banda de 2.5 surgió, precisamente, de las oficinas de Televisa.
Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 70/2007 que “Tratándose de la administración de servicios de telecomunicaciones, adicionalmente el Máximo Órgano de Justicia ha sostenido que el acceso, operación y administración de estos servicios debe “otorgarse de manera transitoria y plural a fin de evitar la concentración del servicio en grupos del poder, resultando de vital importancia que el Estado, como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y el derecho a la información, evite el acaparamiento masivo de los medios de comunicación”. Nada se eso hemos visto en la administración por concluir, sino todo lo contrario.
La discrecionalidad y opacidad, son resultado también del insuficiente régimen legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión, producto de una omisión legislativa inaceptable que mantiene vacíos y atrasos jurídicos permisivos para que los grupos dominantes de las telecomunicaciones y la radiodifusión sigan imponiendo sus intereses. Les recordamos a los legisladores que ahora se interesan por la disputa entre MVS y el gobierno, que esta situación también es también en buena medida su responsabilidad.
La preservación de cauces privados para dirimir asuntos de interés nacional, el empleo de frecuencias radioeléctricas como instrumentos de canje político y la carencia de criterios incontestables para determinar el precio de esa y otras bandas del espectro radioeléctrico, así como la inentendible utilidad pública de ejecutar la acción de rescate a meses de que esta administración termine, ratifican la necesidad de una legislación y de políticas públicas coherentes, actuales y completas para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Llama poderosamente la atención que ahora la SCT esgrima que el rescate de la banda lo hace atendiendo a las recomendaciones internacionales, cuando ha sido omisa ante un sinnúmero de recomendaciones de organismos internacionales para revertir la concentración de medios electrónicos y servicios de telecomunicaciones que tanto afectan al país.
Diversos organismos y especialistas, así como ciudadanos interesados en estos temas, ha sugerido que haya una discusión pública tanto para definir el precio y las formas de utilización de la banda de 2.5 como para establecer los rasgos de la política de telecomunicaciones que necesita el país. Ese constituiría el inicio de una actitud distinta, lejos de la utilización convenenciera que suelen hacer de las telecomunicaciones tanto el gobierno, como la gran mayoría de las empresas involucradas en dicho sector.
En el extenso litigio entre el gobierno y MVS se ha reiterado la relevancia que tiene el trabajo profesional de Carmen Aristegui, una voz indepediente que resulta indispensable, que ha contribuido de manera sustancial a la pluralidad informativa. Sin soslayar las apreciaciones críticas que en algunas ocasiones puedan tenerse sobre su trabajo, la labor cotidiana que ella y su equipo hacen es una aportación que ensancha los vericuetos de la democracia mexicana, razón por la que irrita tanto al poder.
En este conflicto quien más pierde es el país y es un inexorable llamado al nuevo Congreso de la Unión, que en breve iniciará su actividad legislativa, para que asuma su responsabilidad y establezca a la brevedad posible las condiciones para una reforma integral del régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el marco de la sentencia de la SCJN y los estándares internacionales en la materia.
Ya es hora de que las telecomunicaciones funcionen para todos, y no solamente como recurso de negocios o instrumento político de unos cuantos.
México D.F. 23 de agosto de 2012
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
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