El Subsecretario de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación
Pública, Javier Treviño Cantú, advirtió que ninguna niña, niño o joven migrante
debe quedar excluido del Sistema Educativo Nacional, debido a trabas burocráticas
y anacrónicas, por lo que planteó acciones urgentes que permitan atender este
sector que retorna al país de manera forzada o voluntaria.
“Todos los menores tienen
derecho a la educación, sin importar su condición migratoria o la documentación
con la que cuenten”, resaltó.
Al inaugurar aquí la
Reunión Nacional de Control Escolar, La atención de los migrantes en el Sistema
Educativo Nacional, indicó que la instrucción del Secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, es revisar los requisitos que se han
convertido en un obstáculo para el ingreso de los jóvenes a los servicios
educativos, como es el apostille o la traducción por perito.
Treviño Cantú advirtió que
bajo ninguna circunstancia se deberá condicionar el acceso, ni la certificación
plena de los educandos sino únicamente al desempeño académico, y adelantó que
para el próximo ciclo escolar se pasará de 32 normas escolares actuales a sólo
cuatro normas generales con sus respectivos lineamientos específicos, con el
fin de simplificar la administración escolar y haya más horas de
enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, dijo que
se pretende que en los próximos dos años esté automatizada la mayoría de los
procedimientos de control escolar, mediante la incorporación de tecnologías, a
fin de abrir ventanillas virtuales para los principales trámites de ingreso,
permanencia y tránsito académico, así como promover el empleo de documentos
electrónicos.
Acompañado por los
secretarios estatales general de Gobierno y de Educación, Matías Quiroz Medina
y Beatriz Ramírez Velázquez, respectivamente, Treviño Cantú dijo que permitir
el acceso pleno de todos los menores al Sistema Educativo Nacional es, además
de un imperativo moral, un imperativo legal.
Asimismo, el Subsecretario
recordó que la Secretaría de Educación Pública inició una campaña de difusión
con la distribución de 200 mil carteles, para que fueran colocados en cada una
de las escuelas de educación básica de los estados con mayor registro de
afluencia y quejas por parte de la población migrante.
Finalmente afirmó que
“Nuestra obligación es facilitar, sin importar el origen, que todos los jóvenes
tengan acceso a un servicio educativo” y confió en que las normas que se
construyan en esta reunión nacional tendrán rostro humano y sensibles, que
respondan a las demandas de la población migrante.
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