A
lo largo de los años, los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido
encontraron en la palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de
ocultar el origen de “bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las
leyes no sólo no obligan a que quienes se encuentran en el poder público o
político a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales para transparentar su
carrera, sino que, por el contrario, hay tal laxitud que casi casi los alienta
a generar este tipo de acciones.
El
intento más más cercano para transparentar la información de los integrantes de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en 2002, pero antes de que
pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar que la información sólo
sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. De esta
forma, también, los únicos que la tienen y no se sabe si completa son las áreas
de Gobierno desde donde se manipula tal información cuando alguien se sale del
redil.
El
experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción pública dificulta el
funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del
poder respecto del interés común para el cual éste es otorgado, sino también
implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la
gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.
Los
Estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang Böckenförd en Estudios
sobre el Estado de derecho y la democracia, “están comprometidos a asegurar la
legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la
justicia de la sociedad”. Este es el tema principal de cualquier argumentación
sobre la transparencia sobre las fortunas de los políticos, la justicia social,
el hecho de que el poder político no sea utilizado para amasar grandes fortunas
amparadas en tal poder. Y también porque las donaciones finalmente pueden caer
en la figura de lavado de dinero, más allá del conflicto de interés y
corrupción.
Un
estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver conflictos de
interés, es necesario contar con información que permita identificar relaciones
que puedan influir en el desempeño de los funcionarios durante su encargo. Es
decir, que las declaraciones patrimoniales además de servir como una
herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para conocer si hay
conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que
les toca regular.
Hace
algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me tocó entrevistar a un
empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de Hacienda. Las
respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado institucional, pero una
vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the record” que no tendría
problema porque él había cooperado con la campaña de quien estaba en ese
momento en la Presidencia de la República, lo mismo que con los otros dos
candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.
Bueno,
pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a que los diputados
mexicanos han sido los más interesados en mantener la opacidad en cuanto a los
bienes de todo el sistema político mexicano, simple y sencillamente porque es
en las votaciones donde se genera la gran corrupción, donde se llevan la gran
tajada y no en su dieta legislativa (así se le llama a sus percepciones
económicas por su “trabajo” cameral).
Por
esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los intereses de las
grandes empresas en contra de los de la sociedad a la que se supone deben
servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de abril cuando en
el cochinero de las últimas horas que cada fin de periodo ordinario realizan,
los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron una iniciativa de hace
seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad mayor a tres años deben
realizar una segunda verificación, ahora de carácter federal, y a la revisión
de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales.
El
negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos años lo hicieron para
las aseguradoras con el seguro necesario para circular también en las vías
federales. Además, los diputados definieron que las propias armadoras o
concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones y quien no
cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que "podrá
retirar de la circulación los vehículos".
De
acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que no realicen estas dos
verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los
ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de
Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito. El
pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7 mil
500 millones de pesos.
Es
decir, en un país donde los salarios y el poder adquisitivo va en picada, se
aprueba una ley que como dijo el diputado Salvador Romero Valencia, “porque
sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de
la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de
empleos, prosperidad y desarrollo para el país".
¿Cómo
ven? ¿De a cómo?
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(*)
Renato Consuegra es periodista, ganador del X Premio Latinoamericano de
Periodismo José Martí y director de Difunet
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