Ser
alcalde en México puede tener muchos privilegios y también riesgos. Conozco
paisanos de Michoacán que pasaron sin pena ni gloria por una presidencia
municipal y que en cambio amasaron fortunas respetables a costa del erario
público y los negocios relacionados con obras y concesiones.
Otros
que no vivieron para contarlo. Como es el caso del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza,
quien después de realizar una huelga de hambre frente al Senado de la República
y denunciar hostigamiento del crimen organizado, sin que ninguna autoridad le
brindara protección, fue asesinado días después, en noviembre del 2013.
Algunos otros que se han llegado a coludir con
el crimen organizado, como es el caso de José Luis Abarca, ex alcalde de
Iguala, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa y quien por cierto nunca se hicieron públicos son vínculos con
dirigentes del PRD, sus padrinos políticos y su participación dentro del
crimen.
Pero como en botica, hay de todo. Muchas
víctimas, algunos victimarios, otros buenos funcionarios y una inmensa mayoría
que ven en sus cargos la forma de hacer carrera política o asegurar el futuro
financiero de sus familias y amigos.
Al margen de ello han sido y siguen siendo el rival
o el eslabón más débil y más apetecible para el crimen, ya sea para
amenazarlos, comprarlos, coludirlos o asesinarlos.
En México existen 2,457 municipios y sus respectivos alcaldes.
Muchos perdidos en la geografía nacional, otros en zonas estratégicas para la
producción y trasiego de drogas, otros más en áreas aptas para el tráfico de
personas o los giros negros, lo menos inmersos en conflictos políticos o
religiosos.
Desde el Senado de la República, la Cámara de
Diputados, algunos gobernadores como el guerrerense, Héctor Astudillo o el
chiapaneco, Manuel Velasco, hablan con demagogia de “blindar” a los alcaldes,
de acciones coordinadas para su protección.
Lo cierto es que en México, ser alcalde es casi
tan peligroso como ser periodista. Claro, la diferencia son los salarios y
todas las prebendas de los ediles. Tan sólo en lo que va del sexenio de Enrique
Peña Nieto ya van 16 presidentes municipales asesinados y todavía faltan casi
dos años de gobierno.
La semana pasada se registraron los últimos:
Ambrosio Soto Duarte, Alcalde de Pungarabato, Guerrero, y Domingo López
González, de San Juan Chamula, Chiapas.
Durante
el calderonismo y su declarada “guerra contra el crimen organizado”, es decir
del 2006 al 2012, se registraron 38 alcaldes asesinados. Diría el hoy
encaminado a ser “el primer marido” del país que fueron “daños colaterales”.
Lo
grave es que la violencia, ya sea contra civiles o políticos del último eslabón
de gobierno, es decir alcaldes, sigue en ascenso en México. Ya nadie se
sorprende. Aquí han matado a candidatos a la Presidencia de la República, a
aspirantes a gobernadores, a ex gobernadores, a líderes del Congreso.
Los
funcionarios federales y estatales ya están más preocupados por la sucesión
presidencial, la elección de candidatos al Congreso de la Unión en 2018, en
aprovechar el Año de Hidalgo. Lo que le pase a los alcaldes, como otros
problemas que aquejan a la población como los secuestros, los homicidios, los
asaltos y la violencia en general en el país, todo ello puede esperar. Tal
Cual.
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