lunes, 20 de mayo de 2013

Pocos Aciertos, Muchos Cuestionados del Gabinete del Gobernador Aguirre Por Rodrigo Huerta Pegueros*

Rodrigo Huerta Pegueros


No se habla de otra cosa en los medios de comunicación más que del inusitado número de funcionarios cesados y designados por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. La mayoría de los comentarios son desfavorables y en cambio la mayoría son cuestionados por su desempeño en las funciones que anteriormente desempeñaban en la misma administración pública estatal.

El caso del nuevo secretario de gobierno del estado, Florentino Cruz Ramírez, éste ha logrado obtener el beneficio de la duda para ver si en poco tiempo puede dar los resultados que se esperan de él, aunque muy pocos le ven espolones como para ser un efectivo interlocutor del gobernador Aguirre, sobre todo cuando éste ha demostrado que puede cambiar de opinión de un momento a otro y puede sacar de balance los acuerdos previos que se hayan tomado en otras instancias conforme a lo anteriormente pactado. Florentino como rector de la UAG no fue un dechado de virtudes y tampoco se puede decir que su administración fue exitosa, en cambio fue cuestionado por amplios sectores académicos y estudiantiles por la forma displicente en que tomaba las decisiones y un tanto autoritario, tal como posteriormente lo pudo reiterar durante su ingreso a las filas partidistas donde se le vió un tanto distanciado con las praxis de los verdaderos hombres de izquierda. Sin embargo logró sobreponerse y tejió relaciones con personajes de dudosa reputación quienes hoy le han reiterado su beneplácito por haber asumido tal posición que según éstos, le depara ya su inclusión dentro de las listas de aspirantes a la gubernatura del estado, por el prurito de que logró desbancar al senador Socorro Sofío Ramírez Hernández de la posición que hoy ostenta y que según los amigos del gobernador, le tenía reservado para éste. Sea como sea, Florentino tendrá que ofertar resultados en poco tiempo para así lograr cambiar la imagen que de él tienen muchos guerrerenses como un político a la vieja escuela.

Dos personajes desconocidos por la ciudadanía guerrerense han sido colocados en lugares claves en la administración estatal como son los casos del nuevo titular de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana, Sergio Javier Lara Montellanos, un almirante de carrera y en funciones como comandante de la octava región naval con sede en Acapulco, quien con todo y su investidura, protestó como funcionario estatal, lo cual ante la opinión pública fue un despropósito, pues no debió haber aceptado protestar sin antes no haber sido relevado de su posición que ostenta dentro de la administración pública federal y sobre todo dentro de las fuerzas armadas de México, por lo tanto, hoy se le puede cuestionar al almirante respecto a su lealtad como servidor público si esta está ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y está frente al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. Asimismo se le podría preguntar si seguirá siendo un efectivo de la Armada de México o dejará de serlo para que así solo pueda recibir su salario de parte del gobierno del estado o si también lo recibirá por parte de la federación. La ética en estos casos y más para un militar en funciones, es preciso dejar resuelta, pues de violentarla iniciaría con el pie izquierdo su participación en la labor para lo cual se le designó en Guerrero.
No es lo mismo, pero parecido, el caso del ex delegado de la PGR en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera quien ha sido designado como el próximo procurador general de justicia del estado, cargo que tendrá que ser ratificado por el Congreso del estado en unos días más. Este personaje tiene sobre sí una sombra respecto a los logros que tuvo al frente de la delegación de la PGR y los porqués el propio mandatario estatal lo ha postulado. Podría ser que tenga una carta presentación brillante pero hasta el momento desconocida por los guerrerenses o porque es el resultado de un pago de favores o una imposición desde la cúpula de la administración federal. Esto está por develarse, aunque la opinión pública se pregunta si en Guerrero no existen personas de calidad profesional y moral para hacerse cargo de esta dependencia?

La misma pregunta se hacen los tuiteros sobre la designación que hizo el gobernador Aguirre y que se leyó como un acto de provocación de autoritarismo, de Alberto López Rosas como titular de la nueva Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando el mencionado está bajo investigación por parte de los legisladores locales quienes después de dos años de lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa (dos muertos) no han atendido diligentemente como se suponía iban hacerlo, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de abrir juicio político junto al también ex secretario de seguridad pública y protección civil, Ramón Almonte Borja. La bravuconada del gobernador solo manda un mensaje a la opinión pública, de que en esta entidad solo el poder ejecutivo decide y los demás poderes (legislativo y judicial) obedecen. Mala, muy mala decisión y así ha sido calificada ya por la mayoría en esta entidad.
Por lo que hace al funcionamiento de la comunicación social, el gobernador Aguirre se decidió destituir a su compadre, Pedro Julio Valdés Vilchis como director general y nombró en su lugar a la periodista María Fernanda Lasso Martínez, quien se desempeñaba como enlace con los medios nacionales. También nombró como vocero del gobierno a José Villanueva Manzanarez, quien se ha desempeñado como director del Colegio de bachilleres y subsecretario en la SEG, lo cual a la vista de todos es un despropósito ya que no tiene las herramientas para poder lograr un exitoso papel en tal encargo, pues no es solo cuestión de lealtad o de protección lo que debe mover al funcionario a actuar sino a ofertar a propios y extraños la mejor información que se genere dentro de la administración estatal. El caso de Fernanda Lasso, tendrá que mostrar en poco tiempo el cambio de estrategia de comunicación gubernamental que va a implementar para que la población guerrerense tenga de primera mano información que le genere confianza hacia lo que hacen los funcionarios del gobierno del estado, sobre todo, tendrá que iniciar un trabajo de barrido respecto a quienes hoy están incrustados dentro de dicha dirección sin ofertar ningún resultado tangible según la función para la cual han sido empleados. Pero quizá lo mas relevante de su actividad será hacer transparente el uso y destino de los recursos económicos que maneja a fin de evitar que funcionarios de dicha dependencia hagan mal uso de estos al mostrar listas falsas o alteradas de comunicadores beneficiarios de subsidios. Un barrido dentro de dicha dependencia no le caería nada mal y recuperaría credibilidad dentro del gremio periodístico.

Sorpresivo, para decir lo menos, fue la destitución que hizo el gobernador Aguirre en la contraloría general del estado en donde en lugar de Juio César Hernández Martínez colocó a Antonio Arredondo Aburto, quien se desempeñaba como contralor de la Secretaría de Educación Guerrero y en donde fue cuestionado duramente por los maestros por decidir descuentos incorrectos y sin ninguna comprobación, además de que hubo faltantes millonarios que nunca fueron debidamente aclarados. Hoy se dice que al gobernador no le gustó que Hernández Martínez hiciera su trabajo más allá de sus disposiciones por lo que abrió cloacas donde no tendría que haberlo hecho. O sea, que el ex contralor salió por hacer mejor el papel para el que fue designado y se le utilizó solamente para hacer escándalo en contra de la pasada administración. Ahora con un contralor general a modo, el gobernador sabe que todo se realizará sin sobresaltos. Vaya cambios.

Ni fu ni fa, como se dice vulgarmente, se emitieron opiniones sobre el nuevo titular de la Secretaría de cultura, Manuel Zepeda Mata o del nombramiento del Secretario del Medio Ambiente, Tulio Ismael Estrada. Y cuando decimos que no causó ningún efecto, es porque en Guerrero la cultura no ha tenido un papel protagónico y la protección al medio ambiente ha sido solo utilizada para caswtigar a algunos empresarios o grupos sociales, pero no se tiene una vacación por proteger nuestro entorno, sobre todo ante los inversionistas hoteleros o de complejos de vivienda o condominales depredadores y que todo lo resuelven con el pago en fectivo de favores recibidos por los goebrnantes. Asi ha sido la forma como en Guerrero los nichos naturales han perdido su calidad y es el momento de hacer algo por ellos y proteger no solo lo que sucede en la tierra sino en mar, lagunas y mantos acuíferos de la entidad. No olvidemos que la guerra del futuro se sustentará en el uso y destino del agua potable y por ello desde ahora dse deben tomar las decisiones correctas mas allá de politiquerías del actual gobierno en cuanto a la construcción de la hidroeléctrica de La Parota.

Por cierto que en estos nuevos nombramientos que hizo el gobernador Aguirre no faltaron los Todólogos que bien pueden ser removidos a su antojo y sin chistar por el gobernador. Por ello no hubo reacción alguna cuando se designó a Sergio Olvera de la Cruz como nuevo titular de la Promotora Turística de Guerrero y se envió a su ex titular, Juan Salgado Tenorio a la dirección del colegio de bachilleres o la designación del ex líder estatal del PRD, Martín Mora Aguirre como subsecretario para asuntos agrarios, cuando este personaje ha sido cuestionado por su desastrosa gestión para otorgar fertilizantes a los campesinos, quienes en los primeros años se le alebrestaron al gobernador y le hicieron una serie de bloqueos que tuvo que soportar el mandatario sin chistar. Ahora, quien sabe por qué, o quizá porque se apellida Aguirre (nepotismo nunca faltarás) tuvo esta deferencia.
Los demás designados están tratando de hacerse notar y quizá uno de ellos fue el operador del gobierno estatal ante los policías comunitarios y me refiero a Oscar Chávez (no el cantante) a quien se le nombró subsecreario de coordinación, enlace y atención de organizaciones sociales, mientras que a José Eduardo Figueroa Zúñiga se le designó como el operador del seguro popular y a Alberto Catalán Bastida como subsecreario de promoción y vinculación social.
Finalmente el gobernador Aguirre tuvo a bien designar a un ‘’puente’’ en la secretaría de seguridad pública al nombrar a Leonardo Octavio Vázquez Pérez como subsecretario de prevención y operación judicial y encargado del despacho de la SSP-PC y lo mismo hizo con Gilberto Cuevas González al nombrarlo como  subsecretario de trabajo y previsión social (por si acaso le dan un revés en el Congreso con el titular Alberto López Rosas).

Periodista/Analista Político*

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