 |
| Moisés Sánchez Limón |
El del espionaje gringo denunciado por Edward Snowden, que ha desatado el patrioterismo legislativo con matices de desdén de las autoridades federales, incluso del presidente Enrique Peña Nieto, tiene más características de una reciclada tragicomedia de espías en conflicto y hasta un de esas famosas cortinas políticas de humo que fundamentos para protestar contra la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos y privados del gobierno de México y de los mexicanos.
Esto no es nada nuevo ni debe sorprender, aunque preocupa el entreguismo y la manga ancha con la que el gobierno federal, por lo menos como se ha observado que ocurrió en la administración de Felipe Calderón, otorgó todas las facilidades a organismos de seguridad de Estados Unidos para meterse hasta la recámara de los mexicanos, en aras de supuestamente coadyuvar en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Dice Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, que en efecto la Procuraduría General de la República revisa las características y condiciones en las que durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez, se compraron dos equipos de espionaje, aunque eufemísticamente se cita “para invadir la privacidad de cualquier ciudadano”, a un costo de 202 millones 563 mil 840 pesos a la empresa Obses de México.
Esos equipos, conforme con la información disponible, podían ser usados –y lo fueron con largueza—por el gobierno de Estados Unidos, específicamente por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad.
Puede concederse el beneficio de la duda si es que esos equipos de espionaje sirvieron para descabezar a los cárteles del narco y capturar a capos de nivel, aunque nadie puede negar, en el gobierno, por supuesto, que también fueron y son utilizados para espiar a políticos, dirigentes partidistas, legisladores, luchadores sociales y ciudadanos influyentes económica y socialmente.
Tal vez por eso el desdén de la reacción frente a la revelación del ex contratista de la NSA, a quien el gobierno venezolano le brinda asilo político. El presidente Peña Nieto dice que inaceptable, de haber ocurrido ese espionaje. Ah, pero los legisladores federales, que no se ponen de acuerdo en lo fundamental, se rasgan las vestimentas y demandan una dura reacción gubernamental.
Pero estábamos en que esto no es nada nuevo. Lo interesante y preocupante, es la forma en que, como parte de la Iniciativa (Plan) Mérida y la guerra contra el narcotráfico, en la pasada administración se dieron todas las facilidades para que agentes estadunidenses, lo mismo de la CIA que del FBI o la NSA y el ICE, trabajaran en territorio mexicano sin problema alguno, incluso armados y al lado de elementos de la PGR, de la SSPF y de las Fuerzas Armadas.
Y con esa laxitud se posibilitó una especie de centro de control hemisférico desde territorio mexicano. Incluso la construcción de la llamada Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla “General Ignacio Zaragoza”, se hizo con fondos (58 millones de pesos) de la Iniciativa Mérida, y del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que aportó 200 millones de pesos. Cuando se colocó la primera piedra de dicha academia, estuvo presente Keith W. Mines, director general de la Iniciativa Mérida, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien consideró que México tendría, con esta academia, un instituto de talla internacional.
Desde el inicio de su construcción en 2011, a esa academia se le citó en fuentes nacionales e internacionales como una base de operaciones de la CIA y del FBI, para asuntos de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio. El gobierno poblano de Moreno Valle rechazó la versión, pero sus argumentos fueron de primaria.
A esa versión hay que sumar la información de fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, relativa al reciente montaje de un sistema de espionaje en el Valle de México –me cuentan que son cuatro antenas--, para operar el equipo de intercepción de llamadas telefónicas públicas y privadas y de mensajería de la Internet.
La versión tiene sustento con el caso de los hermanos Monreal, toda vez que los sicarios que iban a asesinarlos fueron detenidos casualmente a consecuencia de unas llamadas telefónicas interceptadas por palabras clave.
Es válido. La seguridad nacional tiene sus fundamentos. Y diríamos asegunes, porque hay quienes tienen o han tenido sus sistemas de espionaje, como el mismo gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y en su momento Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Así que, de qué nos espantamos. Vale más la suspicacia frente a un escandalito de espías en conflicto. ¿Qué hay más allá de las “revelaciones” de Snowden? Digo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.