Después de tres años de estar encarcelados en la Centro de Readaptación Social
de Pachuca, tres indígenas hñahñús recuperaron su libertad luego de haber sido acusados sin pruebas
consistentes de un fraude fiscal equiparado por 486 millones de pesos en una compleja operación con la importación
ilegal de tela en la que usaron sus
nombres y falsificaron sus firmas.
Celso
Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández Lugardo
originarios de la comunidad de San Joaquín, municipio de Tecozautla, Hidalgo,
personas con un nivel escolar mínimo y en evidente situación de pobreza fueron víctimas de una investigación judicial
no apropiada y en donde la parte acusadora optó por exacerbar su demanda
sobre los personajes más débiles del
expediente.
Durante
los dos primeros años de detención, los tres indígenas quedaron en desamparo
jurídico y ya iniciado el proceso el
Consejo Supremo Hñahñhú les asignó dos abogados para su defensa. Fue una batalla jurídica intensa y con
desventaja al competir contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y
ante jueces y tribunales insensibles frente a un notable caso de injusticia.
El
caso se ventiló en el Juzgado 2º. De Distrito con la causa número 53/2009 con
una sentencia mínima de 3 años de condena para los tres acusados, tiempo que ya
cumplieron en prisión y por lo tanto se ordenó su liberación.
No
obstante los abogadores defensores Bartolomé Fuentes Trejo y Demetrio Vega
Cardón han señalado que la inocencia de
los indígenas quedó demostrada en el proceso a través de innumerables pruebas
periciales como la falsificación de firmas, declaraciones del agente aduanal y faltas administrativas de la
Secretaria de Economía. Pero la mayor prueba ha sido la evidencia de que ellos
no pudieron fraguar operaciones tan complejas y especializadas y la terrible
pobreza que padecen.
En
el año de 1998 unas 30 personas de la comunidad de San Joaquín se unieron para
comprar máquinas de coser e instalar un taller de costura. Formalizaron la
sociedad cooperativa y durante los primeros años tuvieron muy pocas
satisfacciones.
Celso, Juan y Margarita fueron electos como
directivos de la Cooperativa en el 2000 que poseían apenas 8 máquinas de coser. En ese mismo año aparece
en la comunidad un empresario de la industria
textil de nombre Oscar Corro, originario de la vecina ciudad de Tequisquiapan,
Querétaro y durante un año les ofrece trabajo constante de maquila con lo que
ganó su confianza.
Más
adelante Oscar Corro utilizó para sus gestiones la razón social de la pequeña
Maquiladora San Joaquín. En nombre de la cooperativa y sin el consentimiento de
sus tres directivos el experimentado
empresario avanzó por el largo camino burocrático del Programa de Importación
Temporal para Producir Artículos de Importación (PITEX) que coordina la Secretaría de Economía a
nivel federal.
Contrató
créditos, realizó compras e introdujo
las telas por la aduana de Colombia, Nuevo León. La materia prima la desvió
para otras empresas y violó el reglamento del Programa que exige regresar al
país de origen las telas como prendas terminadas, lo que representa un fraude fiscal. Los tres indígenas nunca vieron un metro
cuadrado de tela y se enteraron del asunto hasta que la Policía Federal se
presentó por ellos con una orden de aprehensión.
Es
evidente que el Registro Federal de Contribuyentes de la Maquiladora San
Joaquín se usó para hacer los movimientos, no obstante, es obvio también que
dicha cooperativa no tenía la capacidad de gestión, ni el capital suficiente
para enfrentar compromisos de tales dimensiones.
Es
inverosímil que los cooperativistas acudieran a los mercados internacionales de
tela e introducir la mercancía a México. Se ha ubicado que los trámites se
hicieron ante la delegación de la Secretaria de Economía en el estado de
Querétaro a pesar de que la razón social de la cooperativa se encuentra en
Hidalgo.
Los
abogados del Consejo Supremo Hñahñú que defendieron a Celso, Juan y Margarita se preguntan cómo fue posible que la
delegación de Economía autorizara las
operaciones a un taller tan pequeño a pesar de lo exigente que son las reglas
de operación de programa PITEX.
A
lo largo de las diligencias se comprobó
la falsificación de firmas y en el juzgado compareció el agente aduanal que procesó las importaciones y desmiente
rotundamente que los tres indígenas hayan solicitado tales servicios.
También
en el expediente apareció un acta de
defunción de Oscar Corro el principal sospechoso del fraude sin que existan
mayores evidencias de su muerte. Por el contrario existen al menos otros 3
expedientes judiciales en donde estuvo involucrado en diversos delitos.
El
Ministerio Público Federal enfiló sus conclusiones en busca de una sentencia definitiva en contra
de los indígenas inculpados y ha dejado sueltas muchas líneas de investigación.
No ha averiguado sobre el destino final de las mercancías como sería su
obligación y que probablemente lo llevaría a los verdaderos responsables.
La
tragedia de ser indígena ante la justicia
El
Consejo Supremo Hñahñú conoció del caso hace un año cuando se acercaron
familiares de los inculpados a solicitar
su apoyo. Margarita Hernández Lugardo que era la Tesorera de la Cooperativa
aunque nunca vio un centavo, estaba muy
delicada de salud dentro de la Cárcel de Pachuca; había hecho crisis su
padecimiento de diabetes y su familia no tenían dinero para sus pasajes desde
San Joaquín hasta Pachuca a tres horas de distancia. Su defensa legal era nula.
Los
abogados Bartolomé Fuentes y Demetrio Vega asumieron la defensa y de inmediato
dieron la batalla. Se enfrentaban a una acusación que no admite libertad bajo
fianza y un caudal probatorio especializado en materia fiscal.
En
pocos meses probaron ante el juez una cadena de inconsistencias y acreditaron que el expediente se inclinaba
injustamente en contra de los indígenas. En marzo pasado el juzgado aceptó las
conclusiones de la defensa que pedía la libertad de sus defendidos, pero el
Ministerio Público interpuso el recurso de apelación lo que retrasó el proceso
al menos 4 meses.
El
Consejo Supremo Hñahñú gestionó también el apoyo de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que tiene un programa especial
para la defensa de los derechos de Acceso a la Justicia y la excarcelación de
presos indígenas. Este apoyo institucional fue fundamental para la liberación
de Celso, Juan y Margarita así como los esfuerzos de sus familiares.
La
encarcelación de los tres indígenas ha afectado seriamente su vida. Han perdido
no solo sus pocos recursos económicos, su empleo y su salud. Apenas el pasado
mes de julio Margarita fue trasladada de emergencia al Hospital General de
Pachuca con un cuadro severo hipoglucémico.
Juan no tiene un techo a donde llegar porque la vivienda que le prestaban hace tres años ya tiene otro
uso y de la esposa de Celso no sabe su paradero.
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