EL ASUNTO ES CLARO. A partir de este 1 de marzo, 3 mil 360 profesores de 28 estados del país serán
despedidos por no haberse presentado a ninguna de las fases de evaluación de
desempeño docente. Entre estos estados donde habrá despidos, se encuentra
Guerrero, y entre los posibles despedidos se encuentran los que militan en la
Ceteg, quienes son los que principalmente se oponen a la evaluación.
Este lunes, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a
conocer el número de profesores que serán despedidos, al presentar en la ciudad
de México los resultados de la Evaluación, en donde precisó que de los 153 mil
86 maestros que fueron convocados, 134 mil 140 se presentaron al diagnóstico, y
de ellos 15.3% tuvo una calificación insuficiente, 36.2% de suficiente, 40.5%
de bueno, y 8% de destacado o excelente.
Estos últimos, de acuerdo a las autoridades, tendrán un incremento en su
salario del 35%, como un estímulo a su trabajo. Asimismo, Aurelio Nuño señaló
que ningún profesor que haya participado en la evaluación perderá su empleo, es
decir, a pesar de que en la misma haya obtenido resultados deficientes, toda
vez que serán capacitados de manera continua.
Sin duda que el despido de 3 mil 360 profesores no es nada, si se
compara el número de maestros que existen en el país, pero en estos tiempos de
crisis, y de falta de empleos, resulta ser un grave problema, del que habrá que
señalar como culpables a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (Cnte), y en el estado a la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes le han mentido al
magisterio que dirigen de que la evaluación, producto de la reforma Educativa,
atenta contra su trabajo, lo cual no es verdad.
Y EN OTROS ASUNTOS, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre
señaló que “la ruta para tener una mejor sociedad es sin duda el apoyo al
sector educativo; por ello siendo una prioridad de mi gobierno, hoy se firmó el
Acuerdo de Colaboración Institucional IEEJAG-CECATI, por la educación y
capacitación para la vida y el trabajo 2016 -2018”.
“Con este acto estamos iniciando un trabajo interinstitucional con el
Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos de Guerrero, el gobierno
del Estado y Federal, donde la idea es poder abatir los grandes rezagos que
tienen Acapulco y Guerrero. Hoy necesitamos redoblar esfuerzos para que haya
menos ciudadanos analfabetas y haya más ciudadanos preparados, que puedan tener
sus certificaciones pertinentes de educación primaria y secundaria”.
En tanto, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, José Manuel Armenta Tello, tiene mucho que explicar ante
la denuncia de que profesores de la Ceteg tienen asignadas casas en el
fraccionamiento El Mirador, construidas para las familias damnificadas por las
tormentas Ingrid y Manuel, en septiembre del 2013.
Cierto. Todo es posible con el citado funcionario, quien como delegado
de la Sedesol, que a nivel nacional también encabezaba Rosario Robles, fue
objeto de diversos señalamientos de corrupción. No extrañaría que la denuncia
fuera cierta, en perjuicio de las familias que lo perdieron todo y fueron
censadas para su reubicación, toda vez que vivían en zonas de alto riesgo, a
donde han regresado porque gente perversa les ha quitado lo que les
corresponde.
“Hay casas que incluso están habitadas por profesores de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero que han
participado en las movilizaciones del caso Ayotzinapa”, dijo uno de los
damnificados, y por supuesto, molesto, mientras que Armenta Tello parece que
está de acuerdo con ello.
Y preocupa también que a casi 4 meses de que en el país opere por
completo el nuevo Sistema penal acusatorio, en Guerrero no se tenga la
infraestructura suficiente, toda vez que de los 18 centros de justicia, solo
existen 7, y no todos están concluidos al cien por ciento, aunque para el
secretario ejecutivo de la Comisión para la implementación de la reforma en
materia de seguridad y justicia penal en el estado, Luis Camacho Mancilla, no
afectará a lo que también se conoce como Juicios orales.
Obvio, ni modo que diga que sí, pues hacerlo sería echarle la culpa a
sus jefes. Lo que sí es cierto es que alguien tiene la culpa de que Guerrero
sea uno de los estados donde el nuevo el nuevo Sistema penal acusatorio tenga
avances mínimos, y no solo en el tema de infraestructura, sino también en el
capital humano, en donde también hay un gran rezago en el Tribunal Superior de
Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Cierto es que el nuevo sistema penal ya opera en las regiones de la
Montaña, Costa Chica, Costa Grande y la Norte, en donde ya se cuentan con salas
de juicios orales y la infraestructura necesaria, pero faltan los centros de
justicia de Acapulco, y la zona Centro (Chilpancingo) y Tierra Caliente (Coyuca
de Catalán).
En total, en el estado deben existir 18 centros de Justicia oral,
ubicados en los municipios sede de igual número de distritos judiciales en los
está dividido el estado, es decir: Abasolo con cabecera en Ometepec; Alarcón,
en Taxco; Aldama, en Teloloapan; Alvarez, en Chilapa; Allende, en Ayutla;
Altamirano, en San Luis Acatlán; y Azueta, en Zihuatanejo.
Además, el distrito judicial de Cuauhtemoc, en sede en Arcelia; De los
Bravo, en Chilpancingo; Galeana, en Tecpan; Guerrero, en Tixtla; Hidalgo, en
Iguala; Mina, en Coyuca de Catalán; Montes de Oca, en La Unión; Montaña, en
Malinaltepec; Tabares, en Acapulco, y Zaragoza, en Huamuxtitlán, en donde deben
construirse centros de justicia, los que, en algunos de los casos, ni siquiera
se han iniciado. Con todo y esto, según Luis Camacho, no va afectar. Jejé.
Comentarios: julio651220@hotmail.com
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