TIENE MUCHA RAZÓN. Los policías de ayer, hay
que decirlo, son en un su gran mayoría la delincuencia de hoy. Y es que, al ser
despedidos o abandonar el trabajo, al no encontrar otro igual u otro mejor,
decidieron o fueron cooptados por los grupos delincuenciales. Por eso, hay que
decirlo, los hace más peligrosos. Hay que decir también que no hay datos
oficiales, y en consecuencia, verídicos, de cuántos han dejado de serlo, por
ejemplo, de 2010 a la fecha, en dónde se encuentran y en qué trabajan, lo cual
debiera preocupar a las autoridades por la preparación y capacitación que
tienen en el manejo de armas.
Es
evidente que aquellos que eran policías y que por algún motivo causaron baja en
su respectivo cuerpo policiaco, conocían, entre otras cosas, de armas y de su
manejo, conocimientos que al dejar el trabajo de policía se llevaron. ¿A dónde?
Es imposible saberlo, pero se intuye y presume que, en el mayor de los casos,
estos policías desempleados fueron a parar a la delincuencia organizada, que si
bien recluta a jóvenes que buscan dinero fácil, también enroló en sus filas a
quienes pertenecieron a los cuerpos policiacos. No es pues extraño que
constantemente se sepa por los medios de comunicación que un expolicía estuvo
relacionado en un hecho delictivo, y sin embargo, todo indica que las
autoridades de gobierno parece no importarles el hecho.
Lo peor de todo es que parecen existir lazos
entre expolicías con policías en activo, como consecuencia del compañerismo que
en su momento hubo entre ellos. No es pues aventurado decir que quienes ayer
fueron policías, previniendo el delito y combatiendo a los delincuentes, hoy,
ya sin serlo, sean parte de éstos, ya por falta de trabajo, porque les gusta el
dinero fácil, o porque con un arma, que saben utilizar, se sienten con poder.
En fin. Bien haría el gobierno, en sus tres niveles, ubicar y darle seguimiento
a los expolicías. No hacerlo, como hasta ahora, es como capacitarle al crimen
organizado personal desde las academias de policía.
Y EN OTRO ASUNTO, el sistema penal acusatorio
–que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país– no resolverá la
criminalidad; eso es evidente, y aunque es mejor que el que el actual, que
tradicionalmente propicia la corrupción e impunidad, tampoco solucionará esos
problemas, sino que sólo intentará remediarlos, señalan miembros del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Patricia Lucila González Rodríguez señaló que
la implementación de ese sistema se relaciona con una justicia pronta,
imparcial y accesible para todos los mexicanos. Sin embargo, para
instrumentarlo adecuadamente se enfrenta el reto de las policías de
investigación. “Si deseamos investigaciones técnicas, científicas, de una
policía que aún no tiene la capacidad institucional para preservar una serie de
evidencias en el lugar de los hechos, estamos en problemas”, mencionó.
Para la experta, el proceso penal acusatorio
debe funcionar como una empresa que no sólo es administrada, sino que es
evaluada de forma externa.
Las procuradurías o fiscalías deben tener
evaluadores –que en este caso serían los ciudadanos y las organizaciones
civiles–, para medir la actividad cotidiana de los servidores públicos. Además,
señaló, hay grandes fallas en las entidades y el sistema federal, porque no se
ha planeado adecuadamente cómo liquidar el sistema tradicional y lograr que la
justicia de calidad que se pretende con el acusatorio, permanezca y se
desarrolle en todos los casos. González Rodríguez cuestionó cómo se liquidarán
los casos de manera eficiente y eficaz, y si hay suficiente personal para
lograr el tránsito hasta que se termine con el sistema tradicional y se
consolide el acusatorio. “¿Qué ocurrirá con los millones de casos penales
pendientes, en trámite?”.
Si los altos índices de criminalidad
continúan, el sistema acusatorio colapsará, como ha ocurrido con el
tradicional. Por ello, junto con una justicia de calidad, se requiere resolver
los problemas de pobreza, remarcó.
POR ÚLTIMO. Aunque hay una segunda versión,
todo indica que la presidenta del DIF Municipal de Tlapa, fue objeto de un
atentado. Su chofer, al menos, resultó herido en esos lamentables hechos. La
actual presidenta del DIF de ese municipio fue esposa de quien ganara la
elección de alcalde de Tlapa, Javier Morales, quien murió antes de tomar posesión
del cargo.
Comentarios: julio651220@hotmail.com
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