SE LOS DIJE. NO HAY ELEMENTOS, y este jueves lo confirmó el Congreso del estado, para que éste le revoque el mandato a la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, que en la elección de ayuntamientos de junio del año pasado le confirió el pueblo mayoritariamente. Ah, y con el doble de votos en relación a su más cercano contendiente.
Por supuesto, el dictamen
de referencia fue aprobado por el pleno del Congreso del estado, presentado por
la Comisión de Examen Previo, que encabeza el diputado Saúl Beltrán Orozco, el
mismo que redactó el primero, y que por inconsistencias e irregularidades fue
desechado incluso antes de enlistarse en el orden del día. Por supuesto, como
decía, el dictamen en cuestión no deja contentos, y es obvio, a quienes lo
promovieron.
En efecto, es casi un
hecho que los que exigen la revocación de mandato de la alcaldesa de Mártir de
Cuilapan, no van a quedarse tranquilos con la resolución del Congreso del
estado, y más cuando diputados de sus respectivos partidos políticos, es decir,
del PRI y del PRD, les habían asegurado que era cuestión de tiempo para que a
la edil la botaran del cargo. Sin embargo, todo indica que no conocen la ley al
respecto.
Ciertamente los que están
en contra de Muñiz Gómez, y que por cierto son los mismos que han extorsionado
a los últimos alcaldes de ese municipio, a grado tal que de acuerdo a la
presidenta municipal, le están pidiendo 10 millones de pesos para que la dejen
gobernar, no van a quedarse tranquilos. Y se entiende. Han gastado mucho dinero
en su movimiento para que acepten con la mayor tranquilidad el veredicto de que
no hay elementos para separar del cargo a la edil, que en la pasada elección de
Ayuntamientos les ganó a sus candidatos dos a uno.
Así que lo menos que se
espera es que los que cuestionan a la edil, digan por principio de cuentas que
el Congreso del estado traicionó al pueblo de Apango, aunque el grupo que la
critica no pasa más de 200 habitantes de Mártir de Cuilapan que tiene una
población de un poco más de 17 mil. Sin duda que dirán que los diputados, me
refiero a la mayoría, solapan con su resolución la corrupción que le achacan a
la alcaldesa.
Y aguas! Si este mismo
grupo ya fue capaz de tirotear el domicilio particular de la edil, introducirse
en otras viviendas de manera violenta e incendiar vehículos propiedad del
Ayuntamiento municipal de Apango, así como saquear bodegas repletas de apoyos
propiedad del mismo Ayuntamiento, entre otras acciones violentas, es indudable
que su reacción al veredicto del Congreso será al menos, lo doble.
Y es que el dictamen de
“valoración previa” de la denuncia de responsabilidad promovida por tres ediles
del Ayuntamiento de Apango, en contra de Felícitas Muñiz Gómez, señala
explícitamente que no se reunieron los requisitos
de procedencia a que hace referencia el Artículo 18, en correlación con los
arábigos 10 y 11 de la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Gobierno del Estado y de los Municipios de Guerrero, por lo que resolvió
que “es improcedente” la misma.
Más aún. El dictamen
señala se comunique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación del cumplimiento dado a lo previsto por la resolución
recaída para los efectos legales conducentes, en razón de que el citado Tribunal
resolvió en su momento que se ha ejercido violencia de género en contra de la
edil, ordenando además, entre otras cosas, que se le brinden las garantías
necesarias para que la dejen gobernar, a fin de que cumpla con su
responsabilidad que, ya hemos dicho, le confirió mayoritariamente el pueblo de
Mártir de Cuilapan.
POR CIERTO, EL CONGRESO
DEL ESTADO también aprobó este jueves la reinstalación de Erick Ulises Ramírez
Crespo como presidente municipal de Cocula, luego de que demostró con
documentos certificados expedidos por el Poder Judicial de la Federación, que
fue exonerado de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud con
fines de fomento, y de que un juzgado de Distrito canceló en definitiva el auto
de formal prisión que pesaba en su contra.
Aquí, como en el Caso de
Apango, prevaleció el respeto y la aplicación de la ley antes que los acuerdos
perversos y la negociación mezquina. El regreso por segunda ocasión de Erick
Ulises Ramírez a la presidencia municipal de Cocula, que pertenece a la región
Norte del estado, fue sustentado en un dictamen que en los trabajos
legislativos de este jueves presentó la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación, que preside la diputada perredista Rosa Coral Mendoza Falcón.
En el dictamen emitido por
la Comisión de Gobernación, se establece que Ramírez Crespo fue reinstalado con
todos los derechos y obligaciones de su cargo “para todos los efectos legales a
que diese lugar”, por lo que es cuestión de horas para que de nueva cuenta se
haga cargo de los destinos del municipio de Cocula.
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