EXPERTOS: FALLÓ LA POLÍTICA ANTINARCO

“FCH APOSTÓ A USO DE FUERZA”

 El Universal

En una revisión de las acciones realizadas durante el sexenio para combatir al crimen organizado, especialistas reconocen el valor del Presidente para enfrentar a los cárteles y la realización de importantes arrestos. Un plan integral de justicia y seguridad hubiera permitido reducir la violencia, aseguran

El gobierno de Felipe Calderón entrega un país con la impronta de la violencia y el repunte en delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsión. Las cifras lo indican. Las muertes por “rivalidad delincuencial” y violaciones a derechos humanos son parte de una historia sexenal marcada por la guerra al narcotráfico.

Un grupo de ocho expertos en su diagnóstico reconoce la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.

SALDOS DE LA GUERRA

La estela de violencia por la disputa entre grupos del crimen organizado y el combate del gobierno a los cárteles tuvo un saldo oficial: 47 mil 515 homicidios -entre el 1 de diciembre de 2006 y septiembre de 2011-, según la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR).

Después las cifras no se hicieron públicas, se dejaron en el limbo estadístico de homicidios los últimos 15 meses. Organizaciones civiles estiman que las muertes asociadas al crimen sumarán más de 70 mil al culminar el sexenio.

Lo cierto es que surgió una nueva clasificación oficial: “fallecimientos por rivalidad delincuencial”. En esta categoría están los asesinatos por arma de fuego, decapitaciones, aquellos en que las víctimas fueron torturadas o en la escena se encontraron narcomensajes.

El reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se basa en las averiguaciones previas iniciadas en el país, revela que, en general, de 2007 a septiembre de 2012 se perpetraron 82 mil 687 homicidios dolosos, y la tendencia a lo largo de todo el sexenio fue al alza.

Los asesinatos dolosos pasaron de 10 mil 253 en 2007 a 22 mil 480 en 2011, un aumento de 199%, mientras que en los primeros nueve meses de este año sumaron 15 mil 949.

No obstante, en su último informe el SESNSP asegura que entre enero y septiembre de 2012 el homicidio bajó 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero durante este año la media nacional de asesinatos dolosos es de 15.66 por cada 100 mil habitantes, y 12 entidades rebasan la cifra. Por ejemplo, Morelos pasó de 22 a casi 37 crímenes en un año (64% más); Colima tenía 19 y llegó a 29.8 (56% más) y Tamaulipas de 19.8 a 23.9 (aumentó 21%).

A pesar de los operativos conjuntos federales en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, en mil 441 municipios del país -de 2 mil 441- hubo al menos un crimen vinculado con la delincuencia.

Al final, en medio de cifras diversas de homicidios tampoco hay un registro sobre los “desaparecidos” que organizaciones civiles cifran en 10 mil, ni un archivo oficial sobre los “desplazados” que dejó la violencia, términos que también se acuñaron en esta administración.

El sexenio cerró con 4 mil 500 operaciones diarias del Ejército y el despliegue de más de 45 mil elementos en el marco de la Estrategia Integral del Estado mexicano contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada, en la que murieron 159 militares.

Existieron también otros daños colaterales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoce en su último informe -octubre- que 54 personas que no tenían relación con la delincuencia fallecieron durante agresiones armadas perpetradas por grupos del crimen organizado contra militares.

La actuación de las fuerzas federales contra el crimen también dejó saldos en materia de derechos humanos. La Sedena, la Marina y la Policía Federal están entre las 10 dependencias con más quejas por violaciones a las garantías. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, sólo contra el Ejército y hasta el 15 de noviembre de 2012, un total de 7 mil 369 quejas, que derivaron en 109 recomendaciones.

ANALISTAS OPINAN

Ante el escenario en materia de seguridad se consultó a reconocidos expertos sobre los avances, fallas y pendientes del sexenio de Calderón, y hacia dónde se debe dirigir ahora la estrategia.

Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), dijo que entre los aciertos está “la decisión presidencial de reconocer la dimensión del problema de la delincuencia organizada y enfrentarla; también hay que reconocer que hay una clara intención de fortalecer a las instituciones”.

Dijo que  “hubo una decisión de enfrentar a la delincuencia organizada, y de invertir en el crecimiento de las capacidades del Estado”, pero, entre los errores, Calderón apostó sólo por invertir en el uso de la fuerza, no hubo una visión integral y “se invirtió en el despliegue operativo, pero no de la misma manera en procesos de profesionalización y control de la corrupción”.

Alejandro Gertz Manero, ex titular de la SSP federal, aseguró que “no hay un solo ámbito en el área delictiva y criminalística del país que haya tenido avance. En las estadísticas de delitos del fuero común y federal todos se han incrementado, así como la impunidad, que supera 98%.

“¿Qué se hizo mal? Desde el principio no se hizo un análisis y un diagnóstico de carácter técnico-criminalístico, se buscó un proyecto efectista que tuviera un impacto inmediato frente a una crisis que se generó en los dos últimos años de la administración anterior.

“Se dio una confrontación violenta que no tiene paralelo en la historia del país, una crisis de seguridad como no había habido desde la Revolución”.

Tony Payán, investigador visitante en el Instituto James A. Baker III, de la Universidad Rice de Houston, Texas, dijo que “el problema real fue de estrategias e instrumentos. No se puede enfrentar al crimen organizado sin una policía profesional. El uso que se hizo de las Fuerzas Armadas al principio fue erróneo, se reconoció después, aunque tarde, y a manera de parche se implementaron programas de desarrollo social”.

Edgardo Buscaglia, profesor investigador de la Universidad de Columbia, aseguró que “las políticas de Calderón están signadas por un déficit enorme en acciones en los terrenos de prevención social, patrimonial, político y judicial, que faltan en una estrategia del gobierno mexicano”. Agregó que “la administración preservó y expandió los vacíos de Estado que el presidente Felipe Calderón heredó del anterior sexenio”, además de que en el sistema judicial hay ausencia de sentencias, a pesar de muchas detenciones, y se careció de prevención en la corrupción política.

Samuel González, ex subprocurador antidrogas y consultor, expuso que “fue acertado aumentar el presupuesto para tratar de fortalecer a las instituciones”, pero “faltó una visión integral sobre justicia y seguridad”.

Para el general en retiro Luis Garfias, ex rector de la Universidad del Ejército, “el balance no es como lo hubiera deseado mucha gente, pero lo que se hizo bien en este gobierno fue perseguir al narcotráfico”. Destacó que “la sociedad en general y los tres niveles de gobierno le deben mucho a las Fuerzas Armadas” además del balance de detenidos y aseguramientos de armas, drogas y dinero, pues realizaron una labor estratégica para la seguridad del país.

Dijo que la labor del Ejército y la Marina destaca frente a policías corruptas y penetradas por el crimen.

José Luis Piñeyro, experto de la UAM, dijo que no hubo avances: “Se termina el sexenio con índices de violencia y delictivos altos, hubo desprotección a los derechos humanos”, además de un cierre como episodios como la agresión armada en Tres Marías, que evidencian el actuar de las corporaciones.

Dijo que “falló una estrategia criminal básicamente represiva, que apostó al arresto de narcotraficantes, la mayoría narcomenudistas, decomiso de drogas, armas y dinero, pero no hubo ataque eficaz a las redes financieras, ni prevención, rehabilitación y participación social”.

Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, destacó no se articuló la política de seguridad con la social, “no hubo programas ambiciosos presupuestalmente orientados al tema de la seguridad, de arrebatarle al narco la base social en algunas zonas del país, sobre todo de jóvenes que muchas veces forman parte de las pandillas, reclutados sistemáticamente por los cárteles”. Falló, dijo, la coordinación entre los tres niveles de gobierno.