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| Moisés Sánchez Limón |
El affaire jurídico-político Florence Cassez tiene elementos
suficientes para una novela policiaca con un trama en la que, con una atractiva
rubia como pieza central, el ajuste de cuentas entre civiles trasciende a los
niveles de la procuración de justicia que terminó por poner en entredicho al
más alto tribunal de impartición de justicia del país y arrastró al nivel de
pleito de lavadero, por su necedad, a los entonces presidentes Felipe Calderón
y Nicolás Sarkozy.
Pero, mire usted, esta novela estará inconclusa hasta en tanto no
se tenga el capítulo de colofón en el que la atractiva rubia, una vez lograda
su excarcelación, no absolución porque finalmente no se demostró su inocencia,
enderece una demanda penal que dé pauta a la aprehensión de quienes armaron el
guión del mamotreto que se quedó en intento de cortometraje con varios héroes y
una chica mala.
Por supuesto, la liberación de Florence Cassez ha generado
opiniones duras en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; son más
los mexicanos y franceses con la certidumbre de que la rubia debió haber
permanecido en prisión, que los simpatizantes con el fallo que determinó
liberarla y dejarla retornar a su país.
Los ministros cumplieron con su obligación de fallar en torno de
un recurso de amparo. No eran responsables de determinar si Florence era o no
culpable de la comisión de los delitos por los que un juez de primera instancia
la condenó a 60 años de prisión. Tampoco están para cumplir caprichos, aunque
el primer fallo en marzo de 2012 tuvo el tufo de la presión de Felipe Calderón.
Y, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto no tenía interés alguno
en mantener en prisión a la francesa, porque los interesados en que ello
ocurriera ya no pertenecen a su equipo e incluso han salido del país. Le correspondía,
empero, cumplir con el ofrecimiento que hizo a su contraparte de Francia,
Francois Hollande, de que en la revisión del caso privaría la total
independencia de criterio y decisión de los ministros de la Corte.
El senador priista Arturo Zamora Jiménez considera se ha
establecido un parte aguas y los órganos jurisdiccionales recuperan credibilidad.
“Ahora los retos y los desafíos que tenemos, son recuperar credibilidad en los otros
órganos: los policíacos, los de procuración de justicia”, puntualiza Zamora
Jiménez.
Indudablemente esta recuperación de la credibilidad perdida, a
consecuencia de servir a intereses políticos, pasa por la desaparición de la
Procuraduría General de la República. El riesgo de que se incurra en el
gatopardismo y se cambie para seguir igual, porque suprimir el nombre debe
implicar una severa reestructuración en la dependencia que se encargue de
procurar justicia.
En la PGR se han tejido, desde hace añales, las venganzas
políticas. Y el caso Florence tuvo en esa dependencia, cuando Genaro García
Luna era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), un tratamiento
especialmente orientado a refundirla en prisión, tanto que el principal
responsable de los delitos de que se le acusó y jefe de la banda de
secuestradores, Israel Vallarta, no ha sido sentenciado.
Hay que revisar y suprimir de la legislación mexicana a las figuras
de testigo protegido y el arraigo, demanda Zamora Jiménez. Pero eso es apenas
parte de la necesaria desaparición de la PGR que, como dice Astrid, mi asesora,
ha servido para todo menos para procurar justicia. Conste.
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