CARLOS REYES ROMERO |
Del lunes 2 al domingo 15
de febrero las y los ciudadanos de San Luis Acatlán, Guerrero, realizarán un
ejercicio de Consulta para decidir si eligen ayuntamiento y autoridades
municipales conforme al sistema de partidos o bien lo hacen mediante asambleas
comunales y por voto popular directo, es decir conforme se eligen en todo el
estado de Guerrero las comisarías y delegaciones municipales, las presidencias
de colonias y las autoridades agrarias.
Esta Consulta tiene
relevancia porque es la primera vez que en Guerrero se consulta directamente a
los pueblos originarios sobre asuntos que les conciernen; antes se hacía a
través de foros o recabando la opinión de los presidentes municipales de los
municipios de mayoría indígena.
Por otra parte, el que los
pueblos decidan cómo quieren elegir a sus autoridades, tiene singular
importancia en estos momentos en que están tan cuestionados los sistemas de
representación política que nos rigen, dada la evidente colusión de
autoridades, jueces, policías y narco delincuentes, que adueñados de la
administración pública, han generado un desesperante clima de inseguridad,
secuestros, trata de blancas y extorsión, que tiene el Estado Mexicano y a los
principales partidos políticos sometidos a sus intereses.
Está claro que el sistema
de partidos y de emitir votación que prevalece en México no garantiza la limpieza
de las elecciones, por el contrario ha sido penetrado e invalidado por la
compraventa de candidaturas al mejor postor, el uso de dinero ilícito para el
financiamiento de las campañas, la compra de votos, la abierta manipulación y
violación de la voluntad popular por quienes deben preservarla, y lo más grave:
la existencia de árbitros a modo, al dejar de ser representantes ciudadanos y
pasar a ser cuota de los partidos políticos. Es un sistema que no promueve ni
garantiza la paz pública.
Además, la elección de
autoridades municipales mediante sistemas normativos propios, que existe en la
mayoría de los municipios de Oaxaca y que se extiende rápidamente por otros
estados de la República, entre ellos Michoacán y Guerrero, abrió la puerta para
el establecimiento de las candidaturas independientes que por primera vez
contendrán en México durante las próximas elecciones del 7 de junio.
De ahí que el asunto sea
de la mayor trascendencia no sólo para los pueblos originarios, indígenas y
afromexicanos de Guerrero, sino también para toda la ciudadanía guerrerense y
mexicana; es parte de la ancestral lucha de los mexicanos por la libertad
política y por el derecho a la representación política legítima y directa, no
mediada por partidos políticos nacionales y estatales, que salvo muy honrosas y
contadas excepciones, han devenido en verdaderas mafias electorales que sólo
buscan al acceso a los cargos públicos para enriquecerse disponiendo a su
antojo del erario público y coludiéndose con el crimen organizado y con los dueños
de las principales empresas nacionales y extranjeras, quienes saquean nuestros
recursos naturales y explotan y oprimen a quienes viven de su salario y además
no pagan impuestos.
Los partidos han
prostituido de tal manera la política, que ésta es ahora la principal fuente de
enriquecimiento ilícito, por encima de la narco delincuencia y del control de
las 422 grandes empresas asociadas que difieren permanentemente el pago de sus
impuestos.
Los tres grandes
depredadores de la vida nacional, los partidos, el narco y la oligarquía
financiera y empresarial, se han coludido de tal manera ˗particularmente
desde hace 32 años,
al inicio del salinismo con Miguel de la Madrid˗
que han llevado al país
por una pendiente de desigualdad social y de subordinación a los intereses norteamericanos,
poco vista antes en América Latina; ni siquiera, Colombia, Brasil y Argentina,
antes tan plegados a la política estadounidense, han caído tan gacho.
Pero todo tiene su precio.
Tres décadas de este rumbo desnacionalizador han abierto enormes hoyos negros
en la economía nacional y hartado de tal manera a la opinión pública, que hacen
imprescindible la necesidad de un cambio de rumbo, invocado ahora por casi
todos los sectores nacionales. La crisis entra en su máximo esplendor y exige
respuestas.
Volviendo al asunto que
nos ocupa. Todo empezó el 27 de febrero de 2012, cuando Marcos Matías Alonso,
investigador de tiempo completo del CIESAS; Erasto Cano Olivera, actual
coordinador general del CECAFÉ; y Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG,
en su carácter de ciudadanos indígenas, solicitaron al entonces Instituto
Electoral del Estado de Guerrero la impartición de una conferencia relacionada
con la postulación de candidatos por el sistema de usos y costumbres.
Los funcionarios consultados
respondieron negativamente, pero aceptaron recibir y contestar una solicitud
escrita. Luego de un intenso intercambio de peticiones y negativas, finalmente,
el 31 de mayo de 2012, el IEEGRO rechazo la solicitud de organizar la elección
de ayuntamientos en diferentes municipios de mayoría indígena del estado,
conforme a sus sistemas normativos propios y sin la intervención de los
partidos políticos, como se consagra en el artículo 116 de la Constitución
General de la República.
Con el respaldo de los
pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Acatepec, Alcozauca de
Guerrero, Ayutla de los Libres, Azoyú, Chilapa de Álvarez, Cuautepec,
Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Marquelia, Quechultenango,
Tlacoapa, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, San Marcos, Xochistlahuaca y
Zapotitlán Tablas, el 4 de junio de 2012 se presentó juicio de protección de
los derechos ciudadanos contra el IEEGRO.
La demanda llego
finalmente hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE),
el cual resolvió positivamente a favor del pueblo de San Luis Acatlán, aunque
desechando las demandas de los otros municipios, y obligó al IEGGRO a realizar
una investigación sobre la existencia de sistemas normativos propios de los
pueblos para elegir autoridades y a realizar en ese municipio una consulta
acerca de si estaban de acuerdo de elegir su Ayuntamiento sin la intervención
de los partidos políticos.
No fue nada fácil. Los
consejeros del IEEGRO, nombrados mediante el sistema de cuotas de los partidos
políticos con registro en la entidad, opusieron toda la resistencia que
pudieron para no acatar la resolución del TRIFE. Hubo necesidad de interponer
todavía dos demandas más, que también se ganaron y aun así se negaban a acatar
el fallo.
Tuvo que venir la reforma
constitucional que desconocía los consejos y magistrados electorales locales y
los suplía por otros nombrados por el ahora INE y el Congreso de la Unión, para
que los nuevos consejeros y el ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero (IEyPC-GRO), acataran las resoluciones del TRIFE a favor
del pueblo de San Luis Acatlán.
Ya sin los obstáculos de
los consejeros de partido, rápidamente los promotores comunitarios y el
IEyPC-GRO se pusieron de acuerdo para convenir los Lineamientos y el calendario
para la Consulta, que se inicia mañana.
Toca ahora a los
ciudadanos de San Luis Acatlán decidir libre y conscientemente el futuro de sus
pueblos y de Guerrero. Ellos tienen la palabra.
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