La postura migratoria del
gobierno de Donald Trump no sólo debe mover a la defensa de nuestros paisanos
que radican en los Estados Unidos, sino a replantear las políticas sociales y
económicas para contener la emigración.
En los últimos años el
mayor énfasis se ha puesto en las zonas rurales que han sido históricamente las
de mayor marginación y tradicionalmente expulsoras de gran parte de su
población hacia las ciudades o al extranjero.
La intervención
gubernamental a través de los programas sociales ha tenido un impacto positivo,
al menos en Guerrero, donde entre 2010 y 2015 la población con carencia de
servicios de salud disminuyó de 46.1 a 14.9 por ciento, por poner un ejemplo.
Actualmente se siguen
aplicando acciones. El pasado fin de semana el gobernador Héctor Astudillo
Flores, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Mikel Arriola Peñalosa y la titular de la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga, inauguraron cuatro Unidades Médicas
Rurales (UMR) en los municipios de Acatepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y
Ayutla de los Libres.
Esas unidades en las que
hay una inversión de 74 millones de pesos atenderán a 12 mil guerrerenses que
hablan náhuatl, mixteco y tlapaneco.
Es positivo que se siga
atendiendo a esos municipios que han mantenido un muy alto grado de marginación
y un alto rezago social, pero la actualidad marca la necesidad de ampliar a la
par, la intervención en zonas urbanas y no necesariamente con infraestructura,
sino con opciones productivas.
En su reciente visita a
Estados Unidos el gobernador advirtió que saludó a muchas personas de Acapulco
y Chilpancingo que radican allá.
No es un comentario
frívolo, sino una realidad. Las cifras del Banco de México indican que Acapulco
es el principal receptor de remesas, junto con Tlapa, Pungarabato, Chilpancingo
e Iguala, es decir, zonas urbanas. La tradición cambió.
Un dato importante es que
de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2017, de la Secretaría de Desarrollo Social, entre el año 2000 y el 2015,
Acapulco, Chilpancingo e Iguala avanzaron positivamente en el indicador de rezago
social. Pasaron de muy bajo, a solamente bajo.
¿Cómo es que municipios
que redujeron su rezago social se convirtieron en los principales expulsores de
migrantes en ese periodo de tiempo?
Esa es la gran pregunta
que no he visto plantearse a la comunidad académica que participa en los
múltiples foros que se han generado en últimas fechas, y que da pie al análisis
de coyuntura que los tres niveles de gobierno deberían hacerse para entender y
atender el porqué del fenómeno migratorio actual, y reorientar los programas
necesarios para contenerlo.
Es decir, no debemos
reducir el análisis a Trump, sino a un periodo más amplio y que va del año 2000
al 2015, en el que se generó esta contradicción a la creencia de que a menor
rezago menor emigración.
¿Por qué contener un
fenómeno que inyectó el año pasado mil 371 millones de dólares a la economía
del estado? Porque nos demuestra la capacidad de nuestros paisanos para generar
riqueza en otros lugares, ante la falta de oportunidades para hacerlo en su
tierra.
La política social y
económica deben ir de la mano si realmente queremos arraigar a nuestra
población y que su fuerza de trabajo desarrolle a nuestro país y a nuestro
estado, de este lado de la frontera.
Se trata de un fenómeno
que ha crecido y modificado su comportamiento de rural a urbano a lo largo de
los años y que la situación actual obliga a analizar y atender a fondo, más
allá de las medidas para mitigar el impacto de las deportaciones o gravámenes a
las remesas ideadas por Trump.
La atención al tema de la migración
no debe ser coyuntural, si no permanente para los tres niveles de gobierno y la
comunidad académica.
jalepezochoa@gmail.com
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