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| Moisés Sánchez Limón |
Hace unos
meses se conoció de una grave situación en la que había incurrido la
administración de la empresa de transportes de valores Tameme, se trataba de un
desfalco superior a los mil 500 millones de pesos. Los directivos negaron el
fraude.
Pero engañaron
al presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Ruiz Sacristán, quien
los defendió y dijo carecer de elementos que acreditaran el multimillonario
desfalco.
Sin embargo,
hay pruebas documentales. Una es el requerimiento de indemnización que, con
fecha julio de este año, hizo BBVA Bancomer, por vía de su apoderado Manuel
Hernández Acosta, por un monto de 551 millones 706 mil 641.13 pesos, a Tameme.
Cuando se
conocieron los documentos de soporte, hubo silencio en la ABM y, sobre todo, en
la empresa Transportes Blindados Tameme, S.A., de C.V., que el jueves 6 de
septiembre de este año había reaccionado airadamente porque el fraude fue
ventilado públicamente.
Todo indica,
empero, que lejos de encontrarle una solución al problema, los directivos de Tamame
le apostaron a la impunidad, que el asunto se enfriara.
Pero resulta
que, debido a la gravedad del caso, a espaldas de las autoridades hacendarias,
accionistas de la empresa iniciaron un proceso de quiebra. Aunque ya que varias
instituciones bancarias y clientes han cancelado los servicios de Tameme.
La
información se conoció porque trabajadores sindicalizados y de confianza lo
citan en un documento que, hasta donde se sabe, han turnado a la Cámara de
Diputados.
Por
supuesto, la información ha sido conocida por instituciones financiaras que
están alarmadas por la inminente quiebra de Transportes Blindados TAMEME. Vaya,
el nerviosismo ya contagió a los propios accionistas. Y no es para menos,
porque de acuerdo con la información disponible, se derrumban sus inversiones a consecuencia de
una pésima y fraudulenta administración.
Bajo esas
condiciones, los trabajadores de la empresa solicitaron la intervención de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, con
el objetivo de evitar desaparezca su fuente de trabajo. En suma, para proteger
sus derechos laborales.
Pero, la
pregunta es si este mega-fraude quedará impune. Porque, mire usted, desaparecer
de las bóvedas de la empresa TAMEME, más de mil 500 millones de pesos, no es
cualquier cosa. Por de pronto, accionistas como la familia Yete, decidieron promover
la quiebra de sus empresas a espaldas de las autoridades hacendarias y de los
trabajadores. Buscan salvar su prestigio como hombres de negocios y rescatar lo
que sea posible de sus activos. Allá ellos. ¿Volvieron a engañar a Ruiz
Sacristán? Digo.
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