>> Es un viejo
reclamo ciudadano, refiere la diputada federal carmelita
Moisés Sánchez
Limón/Ciudad de México (entresemana.mx). El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó reformas al Código Penal Federal que endurece sanciones --de uno a
cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos-- para quien lleve a
cabo la actividad de cobranza extrajudicial. La iniciativa fue impulsada por la
diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano.
Así, en la última
sesión del periodo ordinario de sesiones, con 338 votos a favor y 18 en contra,
el dictamen de la Comisión de Justicia plantea, además, que en caso de ser
utilizados documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica
aumentarán una mitad y, si se incurre en usurpación de funciones o de
profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señaladas en el
Código Penal Federal.
El dictamen aprobado
por el pleno camaral y remitido al Senado, explica que se entenderá por
cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o el engaño, el
hostigamiento o intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de
cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades
reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan
sido otorgados originalmente por personas dedicadas a esta actividad, con
independencia del poseedor de los derechos del cobro al momento de llevar a
cabo la cobranza.
La diputada federal
priista originaria de Ciudad del Carmen, Campeche, Rocío Adriana Abreu
Artiñano, quien promovió esta iniciativa de reforma, explicó que este tema es
un viejo reclamo ciudadano, toda vez que es inaceptable el acoso que viven
entre cobros extrajudiciales, despachos y el abuso que llega hasta acciones
ilegales, como hacer pasar a gente por ministerios públicos, por la falsificación
de sellos y por la intimidación.
Y, ante las críticas de
algunos diputados, como fue el caso del petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de
Guevara, quien pretendió adjudicarse la paternidad de una iniciativa similar,
aunque a ésta la descalificó por considerarla “acción propagandística”, Abreu
Artiñano volvió a poner en su sitio a la oposición. Y acotó:
“Lamento algunas
intervenciones en donde no cabe duda que no han caminado su distrito, que no
han regresado a atender a la gente, que tienen un desconocimiento total y falta
de sensibilidad. Lamento mucho que el ego de no tener ellos una iniciativa les
haga decir una serie de incoherencias, cuando sencillamente, si leemos el
dictamen, está apegado a derecho. Estamos hablando de tipificar como un delito
lo que hoy en día no existe sobre el acoso que viven los ciudadanos en cobro
extrajudicial”.
Incluso, la iniciativa
aprobada aclara que no se considerará como intimidación ilícita informar de
aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la
capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado
solidario o cualquier tercero relacionado éste, cuando sean jurídicamente
posibles.
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