Este martes se cumplieron
tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en la
ciudad de Iguala. Tres años de una herida que no cierra. Tres años de un suceso
que marcó para siempre a México.
Ayotzinapa
sigue representando un caso de impunidad, ya que la autoridad no ha
definido aún el paradero de los normalistas ni ha sentenciado a ninguno de los
presuntos responsables.
Son más de 130 detenidos
–la mayoría integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”–, quienes son
acusados por desaparición forzada y homicidio.
A 36 meses de la tragedia
de Iguala ningún pez gordo del gobierno
ha caído, solamente charalitos (un
jefe policiaco y subalternos).
Los padres de los
normalistas siguen exigiendo –y con justa razón– la presentación con vida de
sus hijos. Para ellos el culpable es el Estado. Y ya se obsesionaron con esa idea.
Desafortunadamente los
padres de los estudiantes de Ayotzinapa son pastoreados por agrupaciones que
tiene el claro objetivo de desestabilizar al país para hacer una “nueva
revolución”.
Se entiende el sufrimiento
de los padres y la gran esperanza que tienen por ver de regreso a sus hijos. Se
entiende que protesten en las calles y lleven el caso a tribunales
internacionales.
Lo reprobable del asunto
es su apoyo al vandalismo y ser guiados por Felipe de la Cruz Sandoval, un profesor egresado de Ayotzinapa señalado
por sus vínculos con la guerrilla y que no tiene ningún hijo desaparecido.
Además, tiene plaza de
maestro, “cobra sin adscripción alguna y es aviador desde hace cuatro meses,
tiempo que lleva viviendo en Ayotzinapa, cuando se unió al movimiento”. (El Financiero/25-I-2015).
La tragedia de Iguala
provocó la caída de un gobernante irresponsable. Me refiero a Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien delegó las tareas de gobierno a su sobrino
Ernesto Aguirre Gutiérrez, ya que prefirió
la borrachera del poder y cuando despertó ya era demasiado tarde.
Ángel Aguirre tuvo que
solicitar licencia al cargo el 23 de octubre de 2014. Su sucesor fue Salvador Rogelio Ortega Martínez, un
académico que administró el poder junto con sus amigos del “Grupo Tlalpan”.
Su
papel fue gris y es señalado de anomalías financieras.
Lo que ocurrió la noche
del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, es algo que no podrá
superarse pronto. La herida sigue abierta. Y seguirá así mientras no haya un castigo severo contra los culpables de
tan lamentables delitos de lesa humanidad.
El actual gobernador de
Guerrero es el priista Héctor Astudillo
Flores, quien este 26 de septiembre a través de un desplegado manifestó su
solidaridad con los padres de los 43 normalistas.
“El gobierno del Estado
expresa su solidaridad con los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal
Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, cuya desaparición hace tres años
mantiene viva la indignación colectiva”.
Y conminó a los
manifestantes a evitar que la justificada protesta por la desaparición de los
jóvenes, se convierta en actos violentos, que lejos de sumar el acompañamiento
en la exigencia para conocer la verdad, “sea ocasión para atentar con los
bienes, el libre tránsito y el derecho de terceros”.
En efecto, las protestas deben realizarse con el
debido respeto a terceros. La protesta no debe ser sinónimo de violencia.
La investigación está en
manos de la PGR.
Ojalá el gobierno de Peña
Nieto agilice las investigaciones y proceda contra quien tenga que proceder.
Ayotzinapa
merece especial atención para evitar otra tragedia.
Guerrero
reclama paz y solidaridad en este momento por los estragos
ocasionados por la naturaleza (huracanes y sismos). Es cuanto.
Comentarios:
E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com;
Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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