¿A quién conviene evitar reformas legales que endurezcan sanciones a la comisión de actos vandálicos?
Anarquistas y porros, sedicentes estudiantes, integrantes de las llamadas barras deportivas, “maestros” opositores a la Reforma Educativa que bestialmente golpean a ciudadanos y policías, destrozan inmuebles públicos y privados, agreden a ciudadanos comunes, periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, son personajes que cabalgan en la impunidad porque sirven a un fin político.
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, ha puntualizado que no quiere aparecer como represor y, por tanto, determina laxitud en los cuerpos responsables de la seguridad pública mientras los vándalos disfrazados de mentores destrozan propiedades privadas.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, evita instruir a la policía capitalina reprimir a los vándalos, porque no quiere pasar a la historia como represor.
Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, permite que dizque maestros disidentes bloqueen carreteras federales y destrocen todo lo que encuentren a su paso o les pegue la gana.
Sin duda, la conveniencia política favorece a esta vertiente partidista de alianzas que en sus entretelones se lleva al Partido Acción Nacional e incluso del PRI, porque cada quien permite en su ámbito doméstico que las manifestaciones suban de tono y lleguen a los niveles del vandalismo que rompe con la sana convivencia.
Golpear, destruir, romper, madrear, insultar, es mecánica de estos delincuentes sociales que lo mismo se apoderan de un recinto un universitario que agreden bestialmente a policías en un juego de futbol. Y en los ámbitos legislativos, la izquierda se opone a aprobar medidas que devuelvan el status de convivencia a esos centros, valga la redundancia, de convivencia social.
Y, mire usted, no se trata de apoyar reformas legales que contravengan al espíritu constitucional de la libertad de expresión, asociación y manifestación previstos en los artículos 9 y 6 de la Carta Magna. No, de lo que se trata es de sancionar conductas que exceden a los de una protesta real, convincente, fundamentada.
Y lo que ha ocurrido en Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal con anarquistas y dizque maestros disidentes, excede a lo previsto constitucionalmente. ¡Ah!, pero lo mismo en la Cámara de Diputados que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o los congresos oaxaqueño y guerrerense, la consigna es frenar cualquier iniciativa tendente a endurecer las sanciones contra los vándalos.
Sin embargo, la impunidad defendida por la dizque izquierda petista, emeceísta y una parte perredista, tuvo este jueves último de marzo un dique vacunado contra adjetivos: no puede tildarse de represor, porque simple y llanamente responde a un imperativo social de poner orden en un clima de libertades mal entendidas, o entendidas a modo.
Así, dos posturas significativas, relacionadas con el vandalismo que ha proliferado en el país, se plantearon en la Cámara de Diputados cuando cierra el segundo mes del periodo ordinario en espera de discutir enmiendas a leyes secundar La reforma a la Ley General de Cultura y Deporte
Por un lado, el presidente camaral, el panista José González Morfín, sostuvo que le duele que una parte de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, esté en manos de vándalos “que buscan otro tipo de cosas”.
Y, consecuencia de lo ocurrido en un partido de futbol en Jalisco, donde porros de la barra chiva golpearon brutalmente a policías municipales dentro del estadio, el pleno camaral –con 317 votos a favor, 34 en contra y 19 abstenciones—aprobó enmiendas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que endurece sanciones –hasta cuatro años de prisión—a quienes ejerzan la violencia en eventos deportivos.
Por supuesto, se incluyen medidas para prevenir esa violencia, aunque hubo voces de la supuesta izquierda que disintieron de estas reformas. Respaldar a radicales y ultras no deja de ser una veta partidista, deja votos, como se ha visto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue enviada a la congeladora la Ley para Erradicar y Prevenir el Vandalismo. ¿A quién conviene mantener impune al vandalismo? La omisión, complicidad y usufructo de esas impunidades tiene costo político. Ahí viene la elección federal intermedia. Conste.
VIERNES.- El diputado federal perredista Fernando Zárate Salgado, asumió este jueves 27 de marzo la presidencia de la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos --en buen castellano: Comisión Especial de Juegos y Sorteos--, en relevo del emeceísta Ricardo Mejía Berdeja. ¿Quién recibirá a Zárate en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación? Hasta donde se sabe, la señora Marcela González Salas y Petricioli ya no despacha como directora. ¿Será? Digo.
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