La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó y obtuvo de distintos jueces de Primera Instancia en Materia Penal, los correspondientes autos de formal prisión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de José Luis Olibares Enriques y Ana Lilia Gatica Rómulo, el pasado 10 de noviembre en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Derivado de las investigaciones conducentes, se detuvo a Benito y Ezequiel, ambos de apellidos García Morales, quienes aceptaron haber participado en el hecho. Es de destacar que este último en declaración preparatoria rendida ante el órgano jurisdiccional ratificó lo expuesto al rendir deposado ministerial, aludiendo a la participación de otras personas.
Los correspondientes autos de formal prisión fueron notificados a la PGJE, a través del agente del Ministerio Público Adscrito, el 21 y 24 de marzo de 2014. Por cuanto hace al inculpado Ezequiel García Morales, al notificarse de su auto de formal prisión, expresó conformarse con tal resolución, además de solicitar el cierre de la instrucción procesal, situación a la que su defensa se adhirió, por lo que en cuanto transcurra el término concedido para presentar las conclusiones acusatorias, el juez dictará sentencia.
La PGJE recabó suficientes elementos de prueba, como diversas testimoniales, informes de investigación de la Policía Ministerial y dictámenes periciales en materias de criminalística, fotografía, balística, posición víctima – victimario y rodizonato de sodio, entre otros-, a fin de acreditar la probable responsabilidad penal de los hoy acusados, por lo que distintos jueces, uno con residencia en Chilpancingo de los Bravo y otro en Acapulco de Juárez, consideraron la existencia de evidencia suficiente para dictar la formal prisión y sujetar a proceso a los indiciados, quienes a la fecha se encuentran internos en los Centros de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
La Fiscalía General guerrerense proseguirá, a través del Ministerio Público adscrito los tribunales que conocen de las causas penales, ofertando las evidencias necesarias para comprobar la responsabilidad de los imputados y en la elaboración de las conclusiones acusatorias pedirá la aplicación de la pena máxima de 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
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