ESTÁ CLARO QUE los cuerpos policiacos, llámese Policía
Federal Preventiva, incluida la Gendarmería, Policía Estatal Preventiva,
y Policía Municipal Preventiva, no están diseñados para el combate de
delincuencia, llámese organizada o común, sino para su prevención, contención,
y cuando mucho control.
En este sentido, es
difícil, por no decir imposible, que estos cuerpos policiacos, Policía Federal,
Estatal y Municipal, puedan hacerle frente, y en consecuencia, disminuir los
índices delictivos, alarmantes por cierto, que existen en todo el estado de
Guerrero. Y es que, estos cuerpos policiacos están preparados para prevenir la
delincuencia, no para enfrentarla.
Salta pues, entonces, la
pregunta de quién puede hacerlo, y la respuesta, aunque incómoda, polémica y
hasta cuestionable, es que es el Ejército, junto con su policía militar, el que
tiene capacidad para ello. Nadie más, si es que hay un compromiso verdadero
para hacerle frente a la violencia y acabar con los delincuentes.
Y es que solo el Ejército
parece no estar corrompido, o infiltrado por la delincuencia, contrario a lo
que ocurre con los cuerpos policiacos, incluida la Policía Investigadora
Ministerial. Y es que los hechos demuestran que, en el caso de la delincuencia
organizada, las detenciones de sus dirigentes han sido por parte de las fuerzas
armadas.
Es cierto. El Ejército
tiene como principal función el defender la soberanía nacional, pero si de
verdad se quiere terminar con las bandas delincuenciales que incluso han retado
al Estado como gobierno, debe modificarse la Constitución política del país, y
las normas legales que sean necesarias, para que las fuerzas armadas, a través
de su policía militar, encabecen el combate a la delincuencia y violencia.
Por supuesto hay quienes
dicen que el Ejército, en vez de estar en las calles debe volver a sus
cuarteles, y que para resolver el problema de la inseguridad pública hay que
pactar con los delincuentes como, se dice, se hacía antes. Y hay también
quienes proponen que, en el caso de las drogas, hay que legalizarlas para así
acabar con el negocio que genera y la violencia que engendra por la defensa o
conquista de los territorios.
Mientras tanto, los
guerrerenses en particular, aunque ocurre en todo el país, sufren los estragos
de la violencia, como consecuencia de la ineficacia de políticas públicas en
materia de seguridad, así como de la negligencia e irresponsabilidad de las
autoridades para resolver este grave problema que afecta, directa e
indirectamente, a toda la sociedad.
Ya lo decíamos. Nunca como
ahora un gobernador, que habrá de tomar protesta del cargo en ocho días, había
estado tan cerca de la violencia, como lo ha estado Héctor Astudillo Flores,
quien tras los hechos del sábado en Acapulco señaló que “Viví lo que muchos guerrerenses
viven a diario”, por lo que se espera, a partir del 27 de octubre, una
verdadera coordinación con el gobierno federal, en materia de seguridad
pública, que implique una real participación de los cuerpos policiacos, de las
fuerzas armadas, incluida la Marina, y todas las secretarías federales para
atender no sólo la prevención, persecución y combate de la delincuencia, sino
también resolver las causas que le dan
origen.
Y es que si bien es cierto
que se requiere combatir la violencia, es también urgente atender los problemas
multisectoriales que la originan, y que tienen que ver con la falta de empleo y
de oportunidades para vivir mejor. Es necesario invertir más en educación, en
escuelas y en mejores maestros; en cuestiones de salud, que tiene que ver con
más hospitales, médicos y medicamentos, y por supuesto, es imperativo que se
tengan mejores ingresos para que los guerrerenses, como los sierreños en
particular, ya no tengan necesidad de sembrar enervantes porque no tienen otra
alternativa de vida.
Por supuesto, es también
necesario que los alcaldes, y los directivos de seguridad pública municipal,
así como todos los del gobierno del estado, también pasen por los niveles de
certificación y confianza, a fin de desechar la sospecha de que no están
ligados a la delincuencia.
Por último, creo yo que el
Congreso de la Unión, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados federal,
también deben pronunciarse al respecto.
Comentarios:
julio651220@hotmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.