Cuando los actores
políticos se ven envueltos en escándalos tienden a victimizarse. Con eso
solucionan sus problemas de conciencia pero no resuelven en nada los problemas
que afectan a los ciudadanos.
En el caso de los policías
de Zihuatanejo no hay que perder de vista que 20 de ellos ya fueron recluidos
en el penal de Acapulco para ser juzgados por delitos de delincuencia
organizada y contra la salud.
Esto para no adelantar
juicios de que la intervención de la federación y el estado fueron con
supuestos tintes partidarios.
Hay que aceptar que el
motivo de la intervención tendría ciertamente su referente en casos anteriores
en los que gobiernos perredistas se han visto involucrados en hechos de
infiltración criminal similares, como el de Iguala con José Luis Abarca.
La diferencia es que en
ese entonces el PRD gobernaba Guerrero y ahora es el PRI y que en esa ocasión
ninguna autoridad intervino hasta que hubo normalistas muertos y desaparecidos
que lamentar.
En el caso de los
uniformados que acreditaron ser policías y no tener vínculos con la
delincuencia, fueron dejados en libertad.
Pero no es tiempo de
generalizar con el argumento de que esto significa que los 60 que en total
habían sido detenidos estén libres de culpa, pues en el caso de 20 el Poder
Judicial de la Federación ya consideró que hay elementos para juzgarlos y serán
inocentes hasta que no exista sentencia condenatoria contra ellos.
Los que quedaron libres sí
merecen que su honor y reputación sean limpiados, al no haberse encontrado nada
que motivase su detención.
Sin embargo, el tema es
más amplio y tiene que ver con la incapacidad para implementar el proceso de
certificación ante la falta de recursos económicos para liquidar laboralmente a
quienes no aprueban los exámenes de control de confianza.
Tampoco avanza en el Poder
Legislativo el tema del mando mixto o mando único que parezca no estar en la
agenda de los partidos políticos, ni siquiera cuando ven afectada su imagen
pública al intervenir la federación en alguno de los municipios que gobiernan.
Cuando es así, los
partidos no pasan de desgarrarse las vestiduras y victimizarse, como es el caso
del PRD en esta ocasión, pero no llevan los temas al Congreso de la Unión para
que en realidad se haga algo por evitar que estos casos vuelvan a repetirse.
Hay que reconocer que a
partir del desarme de la policía de Zihuatanejo han bajado los hechos
delictivos en ese puerto, como pasó en Acapulco cuando en el periodo de Luis
Walton se desarmó a los uniformados.
Y es que volver a darles
armas a policías no certificados como lo hicieron Evodio Velázquez Aguirre en
Acapulco y Gustavo García Bello en Zihuatanejo, no es la solución, eso es
agrandar el problema tratando de sobrellevarlo e incurrir además en violar la
Ley.
El PRD debe fortalecer a
sus alcaldes impulsando ante el Poder Legislativo que haya recursos para
liquidar a los policías certificados y que se concrete el Mando Mixto que hizo
como contrapropuesta al Mando Único, pero que se ha visto lento e inoperante
para impulsar en su agenda legislativa.
Las marchas y acusaciones
no sirven de nada, cuando no se realizan las acciones que corresponden en las
instancias donde representa a los ciudadanos y en las que deben construirse las
soluciones.
jalepezochoa@gmail.com
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