La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó y obtuvo del juez de primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares (Acapulco) el auto de formal prisión en contra del presunto homicida Orlando Tecuchillo Pérez, acusado por el homicidio calificado en agravio de Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres y Carlos López Sánchez, los dos primeros empleados de DICONSA y el último de la empresa PROSPECTA, acontecidos en las inmediaciones del municipio de Coyuca de Benítez.
Derivado de las pruebas periciales, testimoniales y declaraciones que el Ministerio Público recabó durante la etapa de la averiguación previa, el órgano jurisdiccional determinó dictar el auto de formal prisión en contra del probable responsable del triple homicidio e inhumación clandestina de los cuerpos en la comunidad El Ranchito, en abril pasado.
En su oportunidad, la representación social adscrita a los tribunales exigirá al juez penal en sus conclusiones acusatorias, la imposición de la pena máxima de 50 años de prisión al procesado Orlando Tecuchillo Pérez por homicidio calificado.
Asimismo, la PGJE cuenta con los mandamientos judiciales de captura en contra de Juan y/o Juan Carlos y Diego Daniel, ambos de apellidos Tecuchillo Pérez, así como de Jonathan Solís Diego, cómplices de hoy formalmente preso, como los autores del triple homicidio, por lo que se realizan las acciones conducentes para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Especialistas en la materia, adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, elaboraron retratos hablados de otros probables responsables de los hechos, quienes responden a los nombres de Juan Carlos y Diego Daniel, ambos de apellidos Tecuchillo Pérez, los cuales una vez más se hacen del conocimiento de la opinión pública por este medio, a efecto de que cualquier persona coadyuve con el Ministerio Público, aportando datos para establecer su paradero, a través del correo electrónico atencionciudadana@
Con estas acciones, la PGJE reafirma su compromiso de perseguir y detener a los delincuentes y presentarlos ante las autoridades judiciales, para que respondan ante la ley por los delitos que se les imputan y sean castigados con todo el peso de la ley.
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