Moisés Sánchez Limón
Algo ocurre entre las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados. Eso que llaman sinergia como que no se les da; incluso ha habido declaraciones peyorativas contra el diputado priista Francisco Arroyo Vieyra, quien ha evitado el encontronazo verbal con el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta.
Un ejemplo es el asunto de los puntos suspensivos en la minuta de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que derivó en severa descalificación de Barbosa contra los diputados, de cuyas capacidades ironizó con aquello de que en el Palacio Legislativo de San Lázaro se presume de hacer bien las cosas.
Bueno, bueno, de Arroyo Vierya han dicho lindeza y media por ese tema, tanto que éste bromea cuando de turnar una minuta a la colegisladora se trata y puntualiza que se ha revisado minuciosamente para no cometer errores de interpretación.
Algo pasa y no es menor. Veamos. Constitucionalmente es responsabilidad de la Cámara de Diputados legislar en materia presupuestal y de asuntos fiscales. El Senado tiene, por ordenamiento constitucional y conforme con el reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, sus ámbitos de competencia, tal es el rubro de la política exterior del país.
Por ello, sólo se explica como el interés de generar conflicto entre ambas cámaras el afán del Senado por inmiscuirse en temas que no son de su ámbito de competencia, que es la reforma constitucional relativa a la regulación de la deuda de estados y municipios, aprobada mayoritariamente por el pleno senatorial que, de inmediato, generó molestia en la Cámara baja, cuya primera postura fue la de rechazar la minuta correspondiente.
El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene sus bondades y responde a la inquietud de senadores, como los perredistas Ángel Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, amén de varios diputados federales que tienen la encomienda de sus gobernadores de atender sin sobresaltos el tema del endeudamiento que el propio Arroyo Vieyra ha calificado como no grave.
Es cierto, como se aludió en el pleno senatorial cuando se fundamentó el dictamen, “es un tema donde todos los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto, tenían una preocupación importante sobre el marco constitucional y legal de las entidades federativas en el tema de deuda de estados y municipios”.
Incluso el senador Manuel Bartlett Díaz, calificó al dictamen en materia de disciplina financiera, deuda, de entidades federativas y municipios, “de una gran trascendencia”, y votó en abstención.
Ríos Piter, en su turno dijo que, a diferencia de otras iniciativas, este dictamen se construyó en el Senado con las propuestas de los grupos parlamentarios del PRD, PRI y PAN, es decir, cada uno de ellos presentó “distintas posiciones sobre cómo atender el problema de deuda estatal que superar los más de 400 mil millones de pesos y donde encontramos información, que de cada 10 pesos de la deuda, 9 se han ido al gasto corriente”.
Sí, es una reforma fundamental que incluso contará con un Registro Nacional de Deuda, que cada tres meses permitirá a los ciudadanos revisar cómo se encuentra la deuda de cada una de las 32 entidades federativas. Además se pedirá las dos terceras partes de la votación en los congresos de los estados para la contratación de deuda. 
Pero, por qué romper un procedimiento legislativo. El Senado pudo haber enviado la iniciativa a la Cámara de Diputados para que ésta, al dictaminar, fuera Cámara de origen y se cumpliera con el requisito legal. Es probable que la minuta se admitida en la Cámara baja, pero por de pronto se ha generado el enésimo desencuentro entre presidencias camarales.
¿A quién interesa meter ruido en esos niveles y descalificar a diputados y enfrentarlos con senadores? Y apenas va el segundo periodo de sesiones del primer año de la LXII Legislatura federal. ¿Se pulsa el terreno rumbo a las llamadas reformas de gran calado como la energética? Conste.
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