>> El diputado federal David Sánchez Isidoro y el senador Benjamín Robles Montoya urgen aclarar los hechos ocurridos en gestiones panistas
Ciudad de México, 6 de noviembre (entresemana.mx).- David Sánchez Isidoro, diputado federal priista, y el senador perredista Benjamín Robles Montoya pidieron a Adrián de la Garza Santos, nuevo presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, investigar la clausura y apertura de casinos en la capital nuevoleonesa motivados por venganzas políticas, como se estima fue el caso del Casino Red.
Sánchez Isidoro y Robles Montoya convinieron en que hay evidencias de que en el caso específico del Casino Red, su clausura durante cuatro años obedeció a una venganza política del entonces alcalde regio Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, porque su hermano Manuel Jonás fue video grabado en el momento en que cobraba 400 mil pesos, presuntamente por el derecho de piso al encargado de esta empresa.
Así, una vez que el pasado fin de semana De la Garza Santos rindió protesta como alcalde de Monterrey, han aflorado asuntos poco claros de la administración panista de Margarita Arellanes Cervantes. Especialmente están empresas de juegos y apuestas que fueron clausuradas, al menos en el caso del Casino Red, por venganza política.
Hace unos días, diputados y senadores integrantes de la Comisión de Gobernación, en ambas cámaras, requirieron una explicación de la entonces alcaldesa Arellanes, pero ésta evitó abordar las causas por las que los permisos que tres años atrás descalificó para mantener casinos clausurados, semanas antes de entregar el cargo los admitió válidos y, por tanto, procedió la reapertura.
En consecuencia, hoy el diputado federal David Sánchez Isidoro, secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, y el senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara alta, pidieron al nuevo alcalde, Adrián de la Garza Santos, investigue el fondo de aquellas licencias desautorizadas y luego avaladas por la administración de su antecesora en la presidencia municipal, Margarita Arellanes.
Sánchez Isidoro y Robles Montoya convinieron en que hay evidencias de que en el caso específico del Casino Red, como se ha visto, su clausura durante cuatro años, obedeció a una venganza política del entonces alcalde regio Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, porque su hermano Manuel Jonás fue video grabado en el momento en que cobraba 400 mil pesos, presuntamente por el derecho de piso al encargado de esta empresa.
“Que se investigue y deslinden responsabilidades”, puntualizó Sánchez Isidoro porque, refirió, “los cargos públicos tienen el fin de servir a la ciudadanía, no para venganzas personales”.
Este es un tema muy interesante que cae en el ámbito del tráfico de influencias pero que fue archivado en la administración de Arellanes, compañera de partido político de Larrazabal, quien contó con inmunidad durante tres años, toda vez que luego de entregar la administración de la presidencia municipal de Monterrey, ocupó la curul que ganó por el Distrito 10 de la capital nuevoleonesa en la Cámara de Diputados.
Así, una vez que Arellanes debía entregar la alcaldía regia no hubo más posibilidad de mantener clausurado el inmueble que albergaba al Casino Red, porque el propietario del inmueble obtuvo un fallo a su favor del Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial, que ordenó retirar los sellos de clausura, porque no existía un fundamento legal para mantenerlo clausurado.
Ello evidenció que el casino, operado por la empresa Urban Publicity S.A. de C.V., fue clausurado por una venganza política y así permaneció durante cuatro años de administración panista municipal, es decir, el último año de Larrazabal Bretón y los tres de Arellanes Cervantes, quien a la llegada del priista Adrián de la Garza no pudo mantener cerrado el casino por un capricho de venganza personal.
Es importante recordar que el 30 de mayo de 2011, en el interior del Casino Red, fue video grabado el momento en que Manuel Jonás Larrazabal Bretón, hermano del entonces presidente municipal de Monterrey, recibía 400 mil pesos por concepto de lo que el abogado de Jonás diría más tarde que era el pago por la venta de quesos de Oaxaca, lo que dio pie al llamado “Quesogate”.
Jonás fue a prisión brevemente y se le exculpó, incluso con el perdón de los dueños del Casino Red, pese a que ese dinero formaba parte de una especie de pago por derecho de piso, que en términos llanos se llama extorsión.
Pero luego el Casino Red, ubicado en la avenida San Jerónimo de la capital de Nuevo León, fue clausurado por la autoridad municipal durante cuatro años. Hace unos días un juez instruyó retirar los sellos de clausura y, por ende, su reapertura.
Otros casinos como el Premier --antes París Casino-- y el Broadway --antes Crystal Palace—han obtenido el visto bueno para reabrir, aunque su caso resulta de una interpretación ad hoc de la administración de Magarita Arellanes, en el del Casino Red es evidente la venganza política instruida por el entonces alcalde saliente, Larrazabal Bretón, y solapada por Arellanes, su sucesora que el pasado fin de semana entregó el cargo.
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