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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
Si Ángel Aguirre Rivero hubiese hecho a un lado las pachangas (bueno,
nomás un poquito), la situación fuera diferente en el estado de Guerrero. Pero
no, prefirió seguir en su borrachera de poder y hacerse el occiso en muchas
asuntos.
Dejó crecer y operar con
impunidad al monstruo (crimen organizado). Le valió un soberano cacahuate la
seguridad de sus gobernados. Pero en su borrachera de poder se llevó entre las
patas a su vástago Ángel Aguirre Herrera,
a quien pretendía sentarlo en la silla edilicia de Acapulco.
No aprendió la lección de “Manuel”,
y me refiero a su primo que está en el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que fuera su contrincante en la elección de
2011, Manuel Añorve Baños, sino al fenómeno
meteorológico que la noche del 13 de septiembre de 2013 lo agarró de sorpresa
ingiriendo alcohol con sus cuates en la residencia oficial “Casa Guerrero”.
Mientras miles de
guerrerenses perdían sus viviendas y hacían hasta lo imposible para que el agua
no se llevará algunas de sus pertenencias, Aguirre Rivero ni en cuenta.
Tuvo que venir a Guerrero
el presidente Enrique Peña Nieto
para que el entonces gobernador perredista se pusiera las pilas y parara su
pachangón. Le perdonaron en esa ocasión.
Con el ometepequense
surgieron grupos de autodefensa para hacer el papel que no hacían las
autoridades: defender a los pueblos de los criminales.
Iguala
de la Independencia, cuna de la bandera nacional, fue el centro de la atención
mundial por un grave hecho que el gobierno pudo haber evitado si sus aparatos
de inteligencia hubieran funcionado. Un centenar de
normalistas de Ayotzinapa se dirigían la tarde del 26 de septiembre de 2014 a
la ciudad tamarindera a secuestrar autobuses en la central camionera, ya que en
Chilpancingo les fue impedido por policías estatales.
Los normalistas querían
autobuses para viajar a la Ciudad de México, en donde participarían en la
marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Los jóvenes, en su mayoría
hijos de campesinos, fueron interceptados por policías preventivos de Iguala
cuando se llevaban los autobuses. Los normalistas trataron de negociar con los
uniformados, pero recibieron balazos. Fue el comienzo de la pesadilla.
La policía del alcalde
perredista José Luis Abarca Velázquez
inició una feroz persecución contra los normalistas. Y, no conforme con ello
pidió refuerzos a la policía del vecino municipio de Cocula para capturarlos a
todos y aplicarles un correctivo.
Eran
las primeras horas del sábado 27 de septiembre y la pesadilla no terminaba.
Algunos normalistas lograron huir y esconderse en los cerros, pero los que
fueron capturados por los uniformados fueron entregados a sicarios del grupo
delincuencial Guerreros Unidos,
quienes confundieron a los jóvenes con sus rivales Los Rojos.
Hasta la fecha el caso
sigue. Los padres de los 43 siguen reclamando a las autoridades la presentación
con vida de sus hijos, refutando a la vez la verdad histórica de la
Procuraduría General de la República (PGR), que afirma que los 43 normalistas
fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Sin
lugar a dudas, lo de Iguala fue una tragedia; una tragedia, no sólo para los
familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también para la clase
política y que cimbró al pueblo de México.
Por esos hechos y para
desgracia del PRD, Ángel Aguirre Rivero tuvo que dejar la gubernatura.
Semanas después de la
desaparición forzada de normalistas en Iguala, ocurrirían más desapariciones,
no de normalistas ni en Iguala, sino en el municipio de Chilapa de Álvarez, en
la Montaña Baja de la entidad, en donde un grupo armado se llevó a decenas de
personas (comerciantes, taxistas, carretilleros y campesinos) que hasta la
fecha siguen desaparecidas.
Sus familiares (de los
desaparecidos) los buscan con desesperación. No han tenido éxito. Ni siquiera
han contado con el apoyo de los organismos de derechos humanos, como es el caso
Tlachinollan, que sí se metió de lleno al caso Iguala. ¿Por qué? He ahí la
duda.
Lamentablemente las
autoridades les han dado evasivas.
José
Díaz Navarro, dirigente de la organización de
desaparecidos de Chilapa “Siempre Vivos” y a quien en noviembre de 2014 le
desaparecieron dos hermanos en la localidad de El Jagüey, municipio de Chilapa
y que colinda con el municipio de Quechultenango, ha responsabilizado
directamente al grupo delictivo “Los Ardillos”, que es comandando por
familiares del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y
líder de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS), Bernardo Ortega Jiménez.
Cabe destacar que Los Ardillos le disputan el control de
la Montaña Baja a Los Rojos, grupo
criminal que tiene su base de operaciones en la Sierra de la entidad.
Es lamentable que cientos de
personas estén desaparecidas en toda la entidad desde que inició la guerra
contra el narcotráfico en el año 2006.
Queda claro, que Los 43, no son los únicos buscados por
sus familiares. La ventaja es que a ellos los buscan las autoridades y los de
Chilapa son ignorados por la autoridad.
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E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com;
Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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