El pasado 23 de septiembre
se publicó el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos.
Amplia la denominación del
reglamento como vasta es la impunidad en la que se mueven quienes controlan la
prostitución desde los sórdidos antros y hasta los exclusivos centros VIP donde
predominan mujeres de diferentes nacionalidades, muchas seducidas y
secuestradas por profesionales de la trata.
Laxa la ley que sanciona
esta práctica, tanto que el decreto de la referida ley fue firmado el 27 de
abril del año pasado, por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, mas
no podía entrar en vigor sin el reglamento correspondiente.
Empero, hasta cuándo se
aplicarán esos ordenamientos y las sanciones penales dictadas por el
Constituyente permanente en la reforma que abrogó una denominada “Ley para
prevenir y sancionar la trata de personas”, que en los hechos fue letra muerta,
junto con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del
Código Penal Federal.
El artículo 13 de la vigente
ley contra la trata, determina que “será sancionado con pena de 15 a 30 años de
prisión y de un mil a 30 mil días de multa, al que se beneficie de la
explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía,
las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o
cualquier actividad sexual remunerada mediante: I. El engaño; II. La violencia
física o moral; III. El abuso de poder; IV. El aprovechamiento de una situación
de vulnerabilidad; V. Daño grave o amenaza de daño grave; o VI. La amenaza de
denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o
cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que
provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo”.
Y usted preguntará qué
relación hay con la casa del ingeniero Jorge Díaz Serrano, o mejor dicho la
casa que fue orgullo del fallecido ex senador priista y ex director general de
Pemex, ubicada en la calle Sierra de Tezonco número 178, en las Lomas de
Chapultepec. Bueno, el inmueble sirve de asiento y residencia de víctimas de
trata de personas e incluso hasta casa de citas, por supuesto de lujo.
Y todo ello, como se
observa, con anuencia y complicidad de autoridades corruptas, que pareciera ser
el caso de la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal.
Desde hace rato, vecinos de
las Lomas de Chapultepec exigen a las autoridades delegacionales frenar la
proliferación de condominios, montados sobre construcciones autorizadas para
fines de residencia familiar, como ocurre con la que perteneció a Díaz Serrano
que se transformó en albergue de lujosos departamentos tipo americano.
¿Y? La información
disponible señala que los actuales propietarios del inmueble son ni más ni
menos que los dueños de los antros Solid Gold y Buchers, Guillermo Freedman
–conocido como El Gran León—y Moisés Atri, quienes “hospedan” en esos
departamentos a las extranjeras que laboran en los antros o table dance de su
propiedad.
Fredman y Atri han sido
denunciados por promover la prostitución en sus negocios. En la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), existe la
averiguación previa número FEVIMTRA: PGR385/2013.
Incluso la ex diputada
federal panista Rosy Orozco, ha demandado la clausura de giros comerciales como
el Solid Gold y Buchers.
Pero, bueno, en algún
momento se atendió a la demanda y fue clausurada la que fuera residencia del
ingeniero Díaz Serrano. Sin embargo, merced a la influencia de Freedman y Atri,
pese a violar el uso de suelo y los planes delegacionales en materia urbana,
sin sumar las condiciones de quienes habitan en los departamentos, los sellos
fueron rotos y la actividad no cesó en el inmueble.
Quizá usted considere que
los vecinos de aquella propiedad son parte de las buenas conciencias de la sociedad
conservadora, pero han pedido la intervención de la PGR y de la Procuraduría
del Distrito Federal para evitar que en estos departamentos se hospeden mujeres
extranjeras, evidentemente trabajadoras del Solid Gold y Buchers, propiedad de
los nuevos dueños de la que fuera casa del ingeniero Díaz Serrano.
Más allá de lo anecdótico
del inmueble, el asunto tiene sus delicadas aristas de impunidad y corrupción
de autoridades, a quienes les importa un pito el ordenamiento legal. Conste.
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