lunes, 3 de julio de 2017

FUEGO POLÍTICO // CON UN PIE EN LA CÁRCEL ALCALDES QUE NO PAGUEN LAUDOS // Por Enrique González Guerrero

ENRIQUE GONZÁLEZ GUERRERO
*Suprema corte de la Nación ordena arresto de presidente Municipal…

*En Guerrero Junta de conciliación y Arbitraje viola el artículo 123…

El 15 de junio del año en curso,  la Suprema Corte de Justicia de Nación, ordeno el arresto del presidente municipal y su cabildo del municipio de Nacajuca Tabasco, en  una larga sesión que el primer día se tuvo que dar  un receso al empatarse la votación por  los ministros, quienes al otro día decidieron por mayoría que los ex trabajadores de este  municipio,  fueron violentado sus derechos al ser despedidos injustificadamente por las autoridades municipales, este resolutivo fue calificado por los medios de comunicación como  inédito,  por la constante violación a los derechos de los trabajadores que cada tres años se dan por  los cambios de autoridades,  quienes son despojados de sus trabajos y  miles de estos tienen demandas millonarias ganadas en los tribunales laborales que por omisión y rebeldía no  quieren cumplir con  los ordenamientos  los Ayuntamientos alegando no tener recursos para el pago, este resolutivo inicia una nueva era en el marco de las responsabilidades de los municipios en toda la República, entonces en Guerrero estaríamos hablando que se viene un complicado asunto a los próximo y futuros alcaldes.

El arresto para todos los miembros de la comuna que encabezaba el maestro Pedro Landero López quienes gobernaron  en el periodo 2013-2015 que ordena la Suprema Corte de Nación fue por no pagar laudos millonarios que decenas de trabajadores hicieron valer sus derechos en las diferentes instancias de los tribunales laborales hasta el trámite de un amparo al máximo órgano judicial, quien sienta un nuevo precedente para todas las autoridades que de manera dolosa no liquidan a los trabajadores como mandata la Ley Federal del Trabajo, que incluso se embolsan Prestaciones de Ley que después negocian de manera política con los trabajadores,  este resolutivo del máximo tribunal obliga a todas las autoridades que tienen laudos perdidos en las instancias laborales a programarlos en los presupuestos siguientes, este hecho salvo a otro Ayuntamiento del estado de Hidalgo de correr la misma suerte del municipio de Nacajuca Tabasco,  de no hacerlos ya hay jurisprudencia para apegarse a ella y ejercer acción penal contra todos aquellos que se nieguen a pagar los derechos de trabajadores que inexplicablemente son despedidos por criterios políticos, la jurisprudencia aplicada en Guerrero, no está lejos.

La pérdida de las demandas laborales por los ayuntamientos y los pagos millonarios que enfrentan sus finanzas y que de manera salomónica apelaban al “no tengo dinero”, que trae  a muchos alcaldes como delincuentes de banco en banco, ante el eminente riesgo del embargo de sus cuentas municipales  del gasto corriente por los despachos de abogados toca fondo,  se entiende hoy que este fallo a favor de los trabajadores obliga a todos los ayuntamientos a negociar con los demandantes para establecer una política de pagos que tendrá que desahogarse en base al presupuesto de egresos que los propios Congresos Locales tendrán que aprobar, de no hacerlo serán sujetos al desafuero y al encarcelamiento por no acatar el mandato de los tribunales laborales que hoy los trabajadores no tienen la mínima confianza que resuelvan en los tiempos que mandatan los ordenamientos que plasma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo no solo los trabajadores del municipio de Nacajuca son beneficiados sino este mandato da fortaleza a toda la estructura institucional para asuntos laborales.

En Guerrero el de pago de laudos laborales es un problema que demanda urgentemente una mesa de análisis y dialogo para establecer una política pública de pagos que obligue a todos a los ayuntamientos y entidades autónomas a cumplir con las leyes laborales, cosa contraria estaremos hablando de procesos de desafuero en el Congreso de muchos presidentes y funcionarios de los organismos autónomos que los diputados tendrán que atender obligatoriamente, situación que trastocaría la gobernabilidad por el hecho de no responder conforme a la ley y si se hicieran los pagos como lo ha ordenado la Suprema Corte de Nación los Ayuntamientos que tienen estos problemas se quedarían sin recursos para hacerle frente a su obligaciones de la administración pública, quienes hoy se las han ingeniado para evadir los resolutivos que han ordenado las autoridades laborales.

La  problemática laboral exige que las autoridades se pongan a revisar caso por caso en los Ayuntamientos y dependencias que tienen laudos por pagar y estas deben de reconocer el origen político, abuso de autoridad y en su caso la incompetencia para el desempeño de sus responsabilidades, que si bien  es cierto  todas las demandas son por despido injustificado no todos los asuntos tienen el mismo antecedente, pues  este problema muchos lo contrajeron en la alternancia por los que han pasado los municipios y el propio gobierno del estado, que demanda urgentemente  un diagnóstico de la realidad de hechos para no caer en irresponsabilidades en la solución ; por lo pronto el máximo tribunal de la nación ya puso contra la pared a las autoridades que de manera dolosa han violentados la ley y agredido a los trabajadores y han prendido los focos para que los que tienen estos problemas pongan sus barbas a remojar pues pueden ir a la cárcel por violentar el marco jurídico en forma sistemática y en Guerrero los  ayuntamientos adolecen ante el negocio permanente entre la dirección o presidencia de la Junta de Conciliación y  Arbitraje, abogados y ayuntamientos es decir un negocio redondo a beneficio de la estancia gubernamental,  coyotes y ayuntamientos donde todos ganan menos el pobre y humilde trabajador… y el artículo 123 de la Constitución Política de los Mexicanos, es violentado en toda su extensión al no pagarse laudos laborales, a pesar que en casos específicos de ayuntamientos ordenados por los tribunales electorales y visto bueno del Congreso del Estado, aun no cobran un derecho ya ganado con el sudor de su frente.



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