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| Rodrigo Huerta Pegueros |
Tras la tormenta tropical Manuel que dejó serios daños en Guerrero
y que todavía se continúan padeciendo--pues ya está aquí el ciclón Raymond—las autoridades federales dieron
a conocer que se abrirían investigaciones, particularmente por lo sucedido en
el puerto de Acapulco—en la parte de la zona Diamante—donde autoridades
locales—municipio y estado—otorgaron licencias de construcción en zonas no
aptas para tales obras, sobre todo en zonas denominadas humedales y en donde no solo se afectó el medio ambiente sino la
vida natural y ecológica.
La ambición pudo más que el
deber de aplicar la legislación vigente.
El presidente Enrique Peña
Nieto ha reiterado el interés para aplicar sanciones a quienes cometieron tales
fechorías y particularmente aplicarles lo que dictamina la ley de
responsabilidades para los funcionarios públicos, pues el daño ocasionado a la
población acapulqueña es impagable, sobre todo si se toma en cuenta de que hubo
varias personas que perdieron la vida en esta contingencia histórica.
Pero
vayamos por partes:
El gobierno federal dijo que
iba abrir una investigación al respecto.
El gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero se apresuró a decir que él entregaría en una semana un expediente sobre
los responsables. (no ha cumplido).
El alcalde de Acapulco, Luis
Walton Aburto, no se quedó atrás y trató de lavarse las manos y señaló que se
daría la información necesaria para deslindar responsabilidades.
Los ciudadanos organizados,
especialmente los arquitectos e ingenieros, fueron los primeros en dar a
conocer abierta y pulcramente la forma como los planes director de desarrollo
urbano para esa zona devastada de Acapulco por la tormenta Manuel fueron violentados abiertamente y sin rubor alguno por
administraciones municipales recientes.
Con toda esta información
que se tiene, es posible que varias administraciones locales y estatales se
vean involucradas de otorgar licencias de construcción en esos lugares que
debieron prevalecer como pulmón verde para esa zona turística pero no les fue
posible retraerse de sus ambiciones los gobernantes en turno.
Pero mas allá de lo que
podrían decir tanto el gobernador como el alcalde o como los ciudadanos
organizados, el gobierno federal cuenta con documentación fehaciente en todos
los medios de comunicación impresos y electrónicos de la época cuando con bombo
y platillo los gobernantes anunciaban la puesta en escena de obras de construcción
y después también con frivolidad desmedida inauguraban dichos centros
habitacionales, los edificios públicos, los fastuosos centros comerciales de automóviles y centros de diversión.
Con estos documentos se
podrá asegurar que las autoridades locales y estatales estuvieron de acuerdo
para la construcción de inmuebles en zonas peligrosas y de alta vulnerabilidad
ecológica como se pudo constatar con los daños causados por la tormenta
tropical de Septiembre pasado.
El gobierno federal deberá
poner a trabajar a sus funcionarios del CISEN para que vayan hasta lo mas
profundo a desvelar lo que ocurrió y porqué y quiénes ocurrió la tragedia de Manuel.
No deberá el gobierno
federal por ningún motivo esperarse a que el gobernador—quien nuevamente
incumplió su palabra al no entregar en tiempo y forma los documentos prometidos
por él mismo—les entregue un informe al respecto pues este será sin duda
inverosímil al igual que el entregado por el alcalde de Acapulco, quien ha
padecido de amnesia al olvidarse que uno de los principales autores de la
desgracia fue su compinche y ex colaborador de profesión, Alberto López Rosas,
quien fue alcalde de Acapulco a partir del año 2002 y quien mas licencias de
construcción otorgó a diestra y siniestra e incluso provocó la ira de los
aviadores al autorizar la construcción de edificios de mayor altura en las
cercanías del aeropuerto internacional acapulqueño.
Zeferino Torreblanca Galindo,
tanto como alcalde como Gobernador, tuvo mucho que ver también con las
licencias de construcción otorgadas en dicho perímetro y lo mismo hizo el
ínclito Manuel Añorve Baños y el inefable Félix Salgado y hasta el propio Luis
Walton quien tiene vela en el entierro al haber sido (o quizás todavía lo sea) propietario
de amplios terrenos en zonas de humedales donde construyó varios negocios.
Por lo tanto, los informes
interesados tanto de Aguirre como de Walton tienen que ser desechados por el
gobierno federal y si en realidad quieren saber la verdad pues tendrán que abrir
su propia investigación y entrevistarse con la sociedad organizada que ya habló
al respecto y que tienen amplios conocimientos sobre el tema y también reiterar
que los medios de comunicación de la época tienen muchísimo que aportar y de un
valor verdaderamente importante.
Hablar solo de permisos no
es válido, es menester también hacer mención que para que haya un delito se necesitan
dos y además de los gobernantes corruptos hay empresarios corruptores y quienes
sin importarles lo que en el futuro les pudiese pasar a sus clientes, hicieron
lo posible para comparar conciencias, terrenos y construir a su gusto con las
consecuencias hoy hartamente documentadas.
Por lo tanto el gobierno federal
y particularmente el presidente Peña Nieto, si en realidad quiere hacer
justicia, deberá aplicar la ley tanto a corruptos como corruptores, esto es,
contra gobernante en turno y empresarios involucrados en esas transacciones.
Sería una medida ejemplar
para que no se vuelva a vivir una tragedia como la pasada en Acapulco producto
de la desmedida ambición de autoridades y empresarios.
Esto apenas comienza.
Todo está por verse.
Ahora veremos de que está
hecho el Presidente Peña y que posibilidades tiene el secretario de gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong de congraciarse tanto con su jefe como con los
guerrerenses y particularmente con los acapulqueños si es que se llega a un
decisión político-jurídico para sancionar a todos los involucrados en esta
tragedia causada por un meteoro dañino como lo fue Manuel.
Periodista/Analista Político*
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