Miguel Ortega Zapata |
De acuerdo
a diversas encuestas hasta hace poco, los políticos ocupaban el último lugar en
grado de confianza, o bien el primero en corrupción. Durante los primeros meses
de la administración del federal actual, los miembros del poder judicial, o sea
los encargados de administrar o impartir justicia, ya le pelean el primer
puesto a los políticos.
Desde principios del presente año, se
ha generalizado la decepción de los mexicanos en algunos de los miembros del
poder judicial, por el trato magnánimo que le han dado, tanto a criminales como
a políticos corruptos.
En Enero del presente año, liberaron a
la francesa Florence Cassez, que había sido acusada de secuestro y condenada a
60 años de cárcel. Podría decirse que el gobierno de Francia presionó
demasiado, las relaciones diplomáticas estaban prácticamente estancadas, a
punto del rompimiento. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
decretó su libertad, argumentando fallas en el debido proceso.
El pasado 31 de julio, después de haber
estado 16 años en prisión, un juez federal exonera a Raúl Salinas de Gortari
del delito de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos y ordena
le regresen sus bienes asegurados en 1996 y que se descongelen las cuentas
bancarias.
Días después, el 9 de agosto, después
de 28 años en prisión, purgando una condena de 40 años, es liberado el
narcotraficante Rafael Caro Quintero, bajo el supuesto de que fue juzgado por
un tribunal federal y que correspondía a uno del fuero común.
Esto molestó al gobierno de Estados
Unidos, que no pierde las esperanzas de procesarlo por delitos federales en
territorio norteamericano. La liberación del llamado “capo de capos”, enfrió
las relaciones entre autoridades estadounidenses y mexicanos.
Un día después de la liberación de
Caro Quintero, el 10 agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz,
revoca la sentencia de 38 años, dictada en contra del presunto asesino de una reportera de Proceso. Lo liberaron, dizque
porque no hubo orden de aprehensión y fue torturado.
A fines de agosto, fue deportada a
México Sandra Avila Beltrán, conocida como la “Reina del Pacífico”, luego de 70
meses de estar en prisión en estados Unidos, ligada con el narcotráfico. La PGR
decía que aquí no debía nada. Las críticas y señalamientos que generó dicho
posicionamiento, los obligó a detenerla y encerrarla en una prisión de máxima
seguridad. Se dice que será liberada, una vez que se “enfríe” el asunto.
Aún cuando las liberaciones y
exoneraciones, fueron decretadas por funcionarios del Poder Judicial, ajeno al
ejecutivo federal, muchos mexicanos responsabilizan al Presidente Peña nieto de
tales absurdos.
Punto a favor del gobierno federal
mexicano, fue la detención de la lideresa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Profesora Elba
Esther Gordillo, el pasado 26 de febrero, en el aeropuerto de la Ciudad de
Toluca, Estado de México.
La Procuraduría General de la
República, presumió la detención de quien parecía intocable. La acusó de los
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se dijo que había
malversado fondos del SNTE.
Una vez que los jueces federales
empezaron a “regalar” autos de soltura, se daba casi como un hecho que en
cualquier momento la Profesora Gordillo saldría de prisión. Incluso, había
quienes aseguraban que ya estaba en libertad.
Lo que era evidente, es que quien
fuese una de las políticas más poderosas en México, que negoció con los ex -presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe
Calderón, fue detenida casi al mismo tiempo que se anunciaba la reforma
educativa que hoy tanta polémica ha concebido.
Bueno, lo cierto es que el SNTE, la
organización que prácticamente era propiedad de la Profesora Elba Esther, fue
“domesticado”, pero el panorama nacional fue acaparado por la CNTE, la
organización disidente.
Ayer, casi se confirmó que la
detención e inminente próxima liberación de Elba Esther Gordillo, ya está
pactada. Un juez federal le concedió el amparo contra el auto de formal
prisión, supuestamente por existir deficiencias en la integración de la
averiguación previa. La PGR tiene 10 días para
inconformarse y hacer valer recurso de revisión. Si no lo interpone, en
unos 10 días saldría libre, según su abogado.
Esto ya parece una vacilada. Los
detienen, hacen un “show” y meses o años después los juzgadores los ponen en
libertad, por fallas en el procedimiento. ¿De qué se trata?
Lo preocupante es que, luego de la
detención de Elba Esther, se presumía que caerían otros importantes líderes
sindicales del sistema, como el líder de los petroleros, Romero Deschamps. Pero
nada pasa, siguen disfrutando su poderío, el sistema político los continúa
protegiendo, la corrupción está en todo su apogeo y todavía el Presidente
Enrique Peña Nieto, pretende que le crean que con él, habrá cambios profundos.
En el caso de la Profesora Gordillo,
todo indica que ya la despojaron del mando y control del SNTE, así como del
PANAL, a su hija, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, la acaban de correr de
la Secretaría General, pero nadie ha dicho nada respecto a reclamarle y obligarla
a regresar el dinero del sindicato magisterial. Con esos recursos tan
significativos, ni necesidad tendría de regresar a su chamba de docente.
Correo: mortegaz1@hotmail.com
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