Miguel Ortega Zapata |
Los acontecimientos de
protesta de la CNTE, las últimas semanas en la Ciudad de México, han demostrado
que cuando la autoridad no se impone, surge el desorden. En los años recientes,
las autoridades mexicanas, tanto federales como locales, han sido omisas en
cumplir con lo establecido por las normas jurídicas, al exigir el respeto a los
derechos a terceros perjudicados.
Parece una constante el
hecho, ya que parece que por temor a enfrentar los costos políticos de los
hechos, han sido tolerantes en exceso. La tolerancia propicia el abuso, como lo
hemos visto, y los que al final “pagan los platos rotos”, son los ciudadanos,
comunes y corrientes, que tienen la mala fortuna de vivir o tener su negocio
por las calles o avenidas por donde circulan los manifestantes.
Desafortunadamente no nada
más son los miembros de la CNTE, los que en estos días se están manifestando en
la Ciudad de México, sino además, aquellos están en contra de la promulgación
de la Reforma Energética, que presuntamente pretende privatizar PEMEX, los que
se manifiestan contra la falta de seguridad pública, además, los que reclaman
mayores empleos o incluso aquellos que se manifiestan a favor o contra su
deporte favorito.
En esta vorágine, al final
de cuentas, resulta muy atractivo para algunos tener la oportunidad de
manifestarse de forma grosera y cometiendo todo tipo de tropelías, sin que
nadie los cuestione y los detenga. Algunos consideran esto como una forma de
empoderamiento ciudadano.
Lamentablemente este tipo de
actos establece mecanismos que rayan incluso a favor de la delincuencia
organizada o el crimen organizado, como consecuencia de la gran ausencia de
autoridad. Autoridad que está obligada por las normas vigentes a imponer el
orden y a velar por la seguridad de los ciudadanos, pero que no lo hace por tal
vez por complicidad o tal vez solapamiento a favor de quienes se
manifiestan por el supuesto de ver que
sus derechos no son tomados en cuenta.
También hay quienes
aprovechan la manifestación para desahogar sus frustraciones, escudándose en el
anonimato que dichos actos, para insultar a los políticos, disfrutando con ello
la resonancia que ello encuentra en la sociedad en general.
Es importante destacar que
si algunos padres de familia son capaces de manifestarse en la calle,
realizando actos de barbarie, insultando todo aquello que los ha frustrado en
contra de comerciantes, empresarios periodistas y autoridades, no se deben de
extrañar cuando sus hijos les falten a ellos el respeto.
Se considera que a partir
del sábado pasado miles de personas comenzaron
invadir las calles y avenidas de la Ciudad de México, instalándose en
plena vía publica, en donde pernotaran, preparan alimentos y realizaran sus
diversas necesidades fisiológicas, causando nuevamente un verdadero caos vial.
Lo peor será cuando se dediquen a bloquear los accesos a los edificios públicos
a comercios y empresas o a recintos parlamentarios, como sucedió la semana pasada.
Para los manifestantes les
ha resultado hasta gracioso observar que hasta los legisladores federales
tienen que huir y realizar sus actividades en sedes alternas. México parece con
ello como un país en decadencia, falto de moral social y como consecuencia
falto de autoridades que pongan orden al Caos.
Lo que parece que nuestras
autoridades no perciben es que la mayoría ciudadana ya está harta de este tipo
de hechos, no solamente los que han sufrido en carne propia daños materiales
directos, así como aquellos que no pueden realizar sus actividades cotidianas
de forma normal y oportuna.
Cuantos delitos habrán de
sufrir mas en ese desorden, ya que no solamente son los daños materiales como
aquí hemos dejado constancia, sino que van de la mano, los hurtos, las
violaciones y las vejaciones en general.
México tiene que retornar al
Estado de Derecho, retornar al orden constitucional; que los reclamos y
protestas por injusticias o violaciones a los derechos, se conduzcan por la vía
legal y que nuestras autoridades los atiendan y respondan como a ello
corresponde.
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