martes, 14 de febrero de 2017

CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias ¿Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Guerrero?

EFRAIN FLORES IGLESIAS

De acuerdo a una encuesta dada a conocer el pasado 7 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción se ubicó como el segundo problema, después de la inseguridad y la delincuencia, que más preocupó a la población en México durante 2015.

Para el INEGI, la corrupción “consiste en solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio, producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada”.

Ningún país escapa de la corrupción. México ha enfrentado siempre ese problema.

No vamos lejos. Hace un año se dieron a conocer escandalosos casos de corrupción cometidos por varios ex gobernadores y que hasta el momento no han sido sancionados o encarcelados (y tal vez no ocurra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto). Uno de esos ex gobernadores es Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, quien se encuentra prófugo.

Ante esa situación, en el Congreso local guerrerense fue presentada el pasado 8 de febrero una iniciativa denominada Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

El autor de la iniciativa es el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, quien en tribuna expuso que la corrupción “golpea de manera inclemente el desarrollo económico, al desalentar la inversión económica, reacia a los ambientes impredecibles e inestables; alienta la búsqueda de rentas económicas o presupuestales de tipo grupal o individualizada, desactivando la actividad empresarial y la innovación y empeora, entre otros tantos males, la distribución del ingreso, que fragmentan las oportunidades y se benefician a grupos organizados y con incidencia en la vida política del momento”.

El legislador oriundo del municipio de Huitzuco de los Figueroa destacó que el 18 de julio del año 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que al decir, del Primer Párrafo de su  Artículo 6º, tiene como piedra angular, “… establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia, cuya finalidad, es establecer, articular y evaluar la política en la materia”.

Ya el 19 de diciembre de 2016, el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores presentó al Congreso local, una iniciativa acorde con la reforma constitucional, que pretende homologar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a las disposiciones de la Carta Magna, con los criterios orientadores que de ella emanan y con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ojalá los integrantes de la LXI Legislatura respalden la iniciativa presentada por el legislador Héctor Vicario, ya que se trata de un asunto de gran interés político-social y que va encaminada a combatir seriamente a la corrupción que tanto daño ha lastimado al estado de Guerrero.

La iniciativa de ley en comento consta de 59 artículos orgánicos y cuatro transitorios; busca integrar al estado de Guerrero al Sistema Nacional Anticorrupción, y establecer las bases de coordinación entre los organismos que integrarán el Sistema Estatal con los municipios que conforman la entidad.

Asimismo, busca instituir las bases mínimas para la emisión de políticas públicas integrales que prevengan y combatan la corrupción, en todas sus manifestaciones. O sea, una tenaz fiscalización e instaurar directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

No olvidemos que cada tres años en algunos Ayuntamientos se han registrado saqueos a las finanzas públicas, ya que los alcaldes están acostumbrados a servirse con la cuchara grande; alcaldes que no les importa dejar sin obras sociales a sus gobernados y, peor aún, son unos cínicos.

Insisto, ojalá los legisladores de las demás fracciones parlamentarias representadas en la LXI legislatura actúen con responsabilidad, ya que se trata de una iniciativa que pretende combatir frontalmente la corrupción en el estado de Guerrero.

ENTRE OTRAS COSAS… La renuncia de Armando Ríos Piter, “El Jaguar”, a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya se veía venir. En Guerrero no sorprendió tanto su decisión.

En 2014 se rajó participar en el proceso interno perredista para elegir candidato a gobernador. En ese entonces argumentó que no veía condiciones, ya que “no estaba dispuesto” a brindar impunidad “a alguien”.

Recordemos también que no apoyó a Beatriz Mojica Morga. Y eso no se lo perdonan al Jaguar. O, mejor dicho, camaleón, ya que a cada rato cambia de color partidista.

Lo que sí pierde el PRD guerrerense en el Senado de la República, es representación. Ya antes se había ido otro camaleón, Sofío Ramírez Hernández, quien es nuevamente militante del PRI.

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