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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
De acuerdo a una encuesta
dada a conocer el pasado 7 de diciembre por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción se ubicó como el segundo
problema, después de la inseguridad y la delincuencia, que más preocupó a la población
en México durante 2015.
Para el INEGI, la
corrupción “consiste en solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio,
producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y
para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una
organización pública o privada”.
Ningún
país escapa de la corrupción. México ha enfrentado siempre ese problema.
No vamos lejos. Hace un
año se dieron a conocer escandalosos casos de corrupción cometidos por varios
ex gobernadores y que hasta el momento no han sido sancionados o encarcelados
(y tal vez no ocurra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto). Uno de esos ex gobernadores es Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz,
quien se encuentra prófugo.
Ante esa situación, en el
Congreso local guerrerense fue presentada el pasado 8 de febrero una iniciativa
denominada Ley del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
El autor de la iniciativa
es el diputado Héctor Vicario Castrejón,
presidente de la Comisión de Justicia, quien en tribuna expuso que la
corrupción “golpea de manera inclemente el desarrollo económico, al desalentar
la inversión económica, reacia a los ambientes impredecibles e inestables;
alienta la búsqueda de rentas económicas o presupuestales de tipo grupal o
individualizada, desactivando la actividad empresarial y la innovación y
empeora, entre otros tantos males, la distribución del ingreso, que fragmentan
las oportunidades y se benefician a grupos organizados y con incidencia en la
vida política del momento”.
El legislador oriundo del
municipio de Huitzuco de los Figueroa destacó que el 18 de julio del año 2016,
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, que al decir, del Primer Párrafo de su Artículo 6º, tiene como piedra angular, “…
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos
para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una
instancia, cuya finalidad, es establecer, articular y evaluar la política en la
materia”.
Ya el 19 de diciembre de
2016, el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores presentó al Congreso local,
una iniciativa acorde con la reforma constitucional, que pretende homologar la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a las
disposiciones de la Carta Magna, con los criterios orientadores que de ella
emanan y con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ojalá los integrantes de
la LXI Legislatura respalden la iniciativa presentada por el legislador Héctor
Vicario, ya que se trata de un asunto de gran interés político-social y que va
encaminada a combatir seriamente a la corrupción que tanto daño ha lastimado al
estado de Guerrero.
La iniciativa de ley en
comento consta de 59 artículos orgánicos y cuatro transitorios; busca integrar
al estado de Guerrero al Sistema Nacional Anticorrupción, y establecer las
bases de coordinación entre los organismos que integrarán el Sistema Estatal
con los municipios que conforman la entidad.
Asimismo, busca instituir las bases mínimas para la
emisión de políticas públicas integrales que prevengan y combatan la
corrupción, en todas sus manifestaciones. O sea, una tenaz fiscalización e
instaurar directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades
competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención,
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
No olvidemos que cada tres
años en algunos Ayuntamientos se han registrado saqueos a las finanzas
públicas, ya que los alcaldes están acostumbrados a servirse con la cuchara grande; alcaldes que no les
importa dejar sin obras sociales a sus gobernados y, peor aún, son unos
cínicos.
Insisto, ojalá los
legisladores de las demás fracciones parlamentarias representadas en la LXI
legislatura actúen con responsabilidad, ya que se trata de una iniciativa que
pretende combatir frontalmente la corrupción en el estado de Guerrero.
ENTRE
OTRAS COSAS… La renuncia de Armando Ríos Piter, “El Jaguar”, a las filas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), ya se veía venir. En Guerrero no sorprendió tanto
su decisión.
En 2014 se rajó participar
en el proceso interno perredista para elegir candidato a gobernador. En ese
entonces argumentó que no veía condiciones, ya que “no estaba dispuesto” a
brindar impunidad “a alguien”.
Recordemos también que no
apoyó a Beatriz Mojica Morga. Y eso
no se lo perdonan al Jaguar. O, mejor
dicho, camaleón, ya que a cada rato cambia de color partidista.
Lo que sí pierde el PRD
guerrerense en el Senado de la República, es representación. Ya antes se había
ido otro camaleón, Sofío Ramírez
Hernández, quien es nuevamente militante del PRI.
Comentarios:
E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com;
Facebook: Efraín Flores Iglesias;
Twitter: @efiglesias
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