CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias Saúl Beltrán y el fuero

EFRAIN FLORES IGLESIAS

Tal parece que el representante del distrito local 17, Saúl Beltrán Orozco, tiene un padrino que lo apoya fuertemente para que no sea desaforado en el Congreso del Estado.

A alguien le interesa que el político priista de la región de Tierra Caliente no responda ante la autoridad correspondiente por los delitos que se le imputan. Grave, muy grave.

Y todo tiene que ver con el maldito (o bendito) fuero, que no esa otra cosa que una prerrogativa de impunidad que tienen los representantes populares para cometer infinidad de fechorías.

Desde luego que no todos los representantes populares han utilizado el fuero para delinquir o evitar ser detenidos. Hay quienes han utilizado el fuero para defenderse de una persecución política por parte de gobernantes autoritarios.

De acuerdo a Wikipedia, “Los fueros locales, fueros municipales o fueros eran los estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular la vida local, estableciendo un conjunto de norma jurídica/normas, derechos y privilegios, otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio concejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Fue un sistema de derecho local utilizado en la Península Ibérica a partir de la Edad Media y constituyó la fuente más importante del Derecho altomedieval español. También fue usado en ciertas zonas de Francia”.

Eso es en lo que respecta al antecedente histórico, pero la doctrina jurídica clásica concibe al fuero “como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea. El término es de uso coloquial o común y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria”.

Y de acuerdo con diversos artículos de la Carta Magna, principalmente el artículo 111, en México son mil 854 los servidores públicos quienes gozan de esta inmunidad procesal.

Se trata del Presidente de la República, los 500 diputados federales, 128 senadores de la República, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 7 consejeros de la Judicatura Federal, 20 secretarios de Estado, 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

También, el procurador General de la República; el procurador de Justicia del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal; los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los mil 71 diputados estatales de las 31 entidades, así como sus 31 gobernadores.

Hay quienes han propuesto la eliminación del fuero constitucional. El gobernador Héctor Astudillo Flores, por ejemplo, solicitó a los legisladores locales discutir la vigencia del fuero para que ya no siga siendo aval de impunidad.

“El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no está de acuerdo en que el fuero constitucional sirva para proteger a los representantes populares de la comisión de ‘algún abuso’, pero será un asunto que discutan los diputados en el Congreso local”. (El Sur/15-II-2017).

Dijo que dependiendo del punto de “vista con el que se vea” se debe discutir, pero advirtió que no está de acuerdo en que el fuero sirva para protegerse “de algún abuso”.

El senador guerrerense Armando Ríos Piter, quien recientemente renunció al PRD y se declaró independiente, también se ha pronunciado al respecto.

"(Es) una figura obsoleta, su aplicación ya no tiene razón de ser, se convirtió en un mecanismo de impunidad para algunos funcionarios y ya no es una forma eficiente para proteger a los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria". (El Financiero/30-X-2016).

Estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos estamos (me incluyo) a favor de que el fuero sea eliminado de la Constitución para que ya no sirva como instrumento de impunidad e impida que la justicia actúe de manera inmediata contra algún funcionario o representante popular que haya incurrido en un delito grave.

Lo que sí debe cuidarse es que los legisladores que sean críticos de los gobernantes en turno no sean perseguidos por sus opiniones emitidas en tribuna o en la prensa.

Y regresando al tema del diputado Saúl Beltrán Orozco, no queda más que señalar que intereses oscuros lo protegen para que no sea desaforado en el Congreso local y aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Y se aprovechan de esa prerrogativa o privilegio que la Constitución sigue otorgando.

Saúl Beltrán puede fugarse en cualquier rato y en las narices de las autoridades, tal como ocurrió con el ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en octubre de 2014, y con el ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos en 2012.

El diputado calentano que trae de cabeza al Congreso local es señalado de ordenar los homicidios de un sacerdote de San Miguel Totolapan y un trabajador del Ayuntamiento de ese municipio, según testigos que actualmente se encuentros presos.

Además, y aunque no es un delito, ha sido evidenciado de ser compadre del líder del grupo delictivo “Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte (a) “El Tequilero”, señalado de generar terror en los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.

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