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| Moisés Sánchez Limón |
Uno de los grandes males
de la administración pública es el servicio que brinda lo mismo al usuario que
al derechohabiente, al trabajador y al requirente de un trámite. La burocracia,
siempre en el punto que frena servicios, que encarece lo gratuito que aplica
tortuguismo en una tarea de minutos. La burocracia.
¿Una licencia de manejo?
Unos cientos de pesos por delante; ¿un trámite para recibir información
respecto de su situación escolar o laboral? Vuelva mañana. Atención médica y
los trabajadores sindicalizados que se niegan a ser servidores públicos. La
burocracia.
¿Existe algún mecanismo
para desarticular a esas mafias sindicales que protegen a los peores empleados
que solo sirven para mantener en el poder a esos dirigentes gremiales? ¿Hay
solución para echar a los coyotes de los juzgados?
La apuesta se imagina en
las acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en áreas sensibles
como la educación que tenderá a desburocratizar los servicios educativos y
despojar de trabas procesos como el reconocimiento escolar, la validación y
revalidación de estudios para los connacionales que sean deportados de Estados
Unidos.
Desburocratizar al sistema
burocrático que implica combatir a la corrupción; sanear a la administración
pública y lograr que el servidor público sea eso: servidor público, no el
obstáculo de modernización que implica respeto a los derechos humanos y
ejercicio profesional que eleva calidad de vida y nivel de servicios.
El domingo pasado, el
secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó que
legislaturas de 17 estados del país aprobaron las reformas a los Artículos 123
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que
permitirá al Congreso de la Unión hacer la declaratoria oficial de procedencia
e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y entrada en vigor de las
nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral.
Ayer martes, el Congreso
de la Unión recibió y, en la Cámara de Diputados, de pie, el pleno declaró la
constitucionalidad de dichas reformas y adiciones; el Senado le dará el
procesamiento constitucional procedente.
Romper trabas, acabar con
mafias, porque la Reforma establece que los conflictos entre trabajadores y
patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes
judiciales de las entidades federativas y muestra un nuevo modelo de
impartición de justicia laboral al proponer la conciliación prejudicial
obligatoria y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También crea Centros de
Conciliación especializados, imparciales y autónomos, así como la de un
organismo descentralizado a nivel federal, para el registro de todos los
contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Navarrete Prida dijo en
conferencia de prensa que “la legislación secundaria contará con un diálogo
social abierto entre los factores de la producción, particularmente empresarios
y trabajadores, para que juntos arribemos a una propuesta que pueda ser
analizada por el Poder Legislativo y que lleve el mayor de los consensos
posibles, para que tengamos un México muy fuerte en la materia”.
El secretario del Trabajo
se congratuló por este hecho inédito que, dijo, es fruto de un intenso diálogo
y de la negociación constructiva entre los factores de la producción, los
legisladores y el Gobierno de la República. Los trabajadores nos congratulamos
más. Y más quienes sabemos de esas mafias que acabaron con el futuro de muchos
trabajadores y desaparecieron a verdaderas organizaciones gremiales y
prohijaron a los sindicatos blancos. Falta un segundo paso con las leyes
secundarias; pero alguien tenía que dar la pauta, el primer paso.
No, no se trata de ser
aplaudidor oficioso. Es una reforma que puede tener sus bemoles como las otras
estructurales, pero han caído tabúes. Digo.
MIÉRCOLES. Como lo había
anunciado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz
Esparza, presentó la demanda en contra del Consorcio Rivada por la campaña de
desprestigio que éste emprendió contra la dependencia, luego de haber sido
legalmente descalificado en la licitación de la Red Compartida por no entregar
la garantía de seriedad, consistente en mil millones de pesos. Interpuesta ante
el Poder Judicial de la Federación, la demanda es por daño moral y en respuesta
a dicha campaña de descrédito, que afectó el decoro, el prestigio y la
reputación de la Secretaría. El caso es que hasta ahora, Rivada no ha
presentado ninguna prueba que fundamente de manera seria sus acusaciones. Con
la demanda interpuesta, la primera que por daño moral presenta una dependencia
federal en contra de una empresa, la SCT exige que el Juez de Distrito ordene a
Rivada cesar la campaña de desprestigio en su contra; que resarza el perjuicio
causado, y que le obligue a publicar en los medios de comunicación, así como en
las redes sociales, una aclaración satisfactoria por los comentarios falsos e
insidiosos que hizo en contra de la Secretaría. Conste.
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