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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Por aquellos días de severa crisis
económica con todo y estatización de la banca, un grupo oficioso, en éste un
periodista que presumía independencia y pulcritud, acercó al entonces presidente
José López Portillo una propuesta de reforma al artículo sexto constitucional
con pretensiones de censura que al final quedaría en un decreto que modificó al
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.
El objetivo era descalificar a las
publicaciones incómodas, las críticas del sistema y, sobre todo, del Presidente
de la República, entonces López Portillo cuya frase “no te pago para que me
pegues”, evidenció los grandes acuerdos económicos con directores de los
poderosos diarios e influyentes columnistas que se hicieron millonarios al
amparo de esa relación perversa.
Al final de cuentas diríase en la
cínica consideración de que quien esté libre de culpa que arroje su primer
embute, cuando este mecanismo se satanizó para calificar de corrupto al último
eslabón de esa cadena de intereses bastardos que negaban buenos salarios a los
reporteros bajo la consideración de que el gobierno era una especie de patrón
sustituto.
En fin. López Portillo se fue entre
la descalificación popular y no pudo cuajar, incluso, la primera intención de
reglamentar al sexto constitucional que concluyó con un revés en Durango, en
una ceremonia encabezada por el entonces presidente de la Gran Comisión de la
Cámara de Diputados, Luis Marcelino Farías.
Fue el intento de la Ley Mordaza que
luego Miguel de la Madrid impulsó para acallar a la prensa crítica.
Y casualmente, en ese intento de De
la Madrid Hurtado participó ese periodista de avanzada, quien hasta su muerte
evitó hablar de las razones que lo llevaron a apoyar la intención presidencial
de ir más
allá de la tipificación del delito de deslealtad para acuñar el delito de daño
moral que tenía graves implicaciones persecutorias y de sanciones de tal
naturaleza que al reportero lo llevaría a prisión y al diario o medio de
comunicación electrónico, al cierre por el monto de las multas.
En aquellos días, Ariel Ramos Guzmán
era subdirector general de El Universal y, en una charla personal escuchó los
planteamientos que le hice, respecto de los riesgos que entrañaba la ya para
ese momento bautizada Ley Mordaza, impulsada por el presidente Miguel de la
Madrid y un puñado de diputados y senadores.
¿Qué quieres hacer?, me preguntó Ariel.
Primero le pedí su apoyo para publicar un desplegado en el que convocaría a
reporteros de todos los diarios, televisoras y estaciones de radio, agencias y
publicaciones para manifestarnos contra esa iniciativa que estaba en vías de
ingresar al Congreso de la Unión.
Junto con Luis Enrique Mercado, hoy
puedo decirlo públicamente, elaboramos el desplegado –que por ahí debe andar en
la hemeroteca—y nos dimos a la tarea de convocar vía telefónica a los colegas.
Ariel me dijo: “Tienes una plana del periódico para que hagas lo que quieras en
defensa del diario y de los reporteros”.
Hablamos a todos los medios e hicimos
hincapié en que se trataba de la invitación a reporteros para una concentración
en el Senado y luego marchar hasta la hoy llamada Plaza de la Libertad de
Expresión, donde se erige la figura de Francisco Zarco Mateos.
Por supuesto que un requisito fue que
nadie asumiría liderazgo alguno y que se reservaría la identidad de los
convocantes. Fuimos Luis Enrique Mercado Sánchez y este reportero los autores
de esa campaña que concluyó con la marcha atrás de la Ley Mordaza. En la
Presidencia de la República hubo temor a un encontronazo con los medios de
comunicación en momentos de crisis.
Debo referir que ubiqué a ese colega,
¿?, que se había prestado a elaborar la propuesta de Ley Mordaza junto con
amanuenses oficiosos y oficiales, cuando solicité el apoyo a la publicación del
desplegado y la convocatoria a la concentración y la marcha.
--Dime quiénes encabezan el movimiento,
o no firmo—amagó.
--Nadie lo encabeza y no me interesa la
firma del periódico, porque la firma es de los reporteros y de tu periódico
todos firmaron--, le respondí.
Este colega ya se adelantó y no podría
publicar su nombre porque a los muertos los juzgan en otro lado. Lo cierto es
que en estas pretensiones de censura siempre hay oficiosos. ¿Quién operó en los
famosos ocho lineamientos de la Instituto Federal de Telecomunicaciones?
Bien por el presidente del Senado,
Pablo Escudero Morales; bien por el Presidente de la República que hará uso de
la facultad de veto para echar atrás a esa ñoña y bárbara pretensión de
censurar a la prensa mexicana. Mejor por los recursos de inconstitucionalidad
que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación darán visto
bueno y resolverán conforme a derecho
La primera intención con López Portillo
no prosperó en los términos planteados porque el entonces Presidente determinó
que se quemara y no dejar huella de un atentado a la libertad. Palabras más,
palabras menos, López Portillo ordenó “desháganse de esos papeles porque si
caen en manos ajenas nos queman vivos”.
Esa idea de acallar a la crítica es
de mentes retrógradas, las del poder que buscan complicidades y aspiran a la
impunidad.
Por supuesto hay quienes tienen sus
razones para apoyar a esos lineamientos que se irán al archivo de la
inconsecuencia; y hay quienes, profesionales del periodismo, como mis colegas
de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión que preside Carlos
Ramos Padilla, cuya postura frente a los Lineamientos Generales sobre la
Defensa de las Audiencias fue fundamental para influir en la decisión legislativa
y presidencial de dar marcha atrás a esa pretensión del IFT que este 1 de
febrero entraría en vigor. Conste.
@msanchezlimon
@Entresemanamx
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